Con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La decisión obliga a una segunda batalla en el Senado: si allí también se reúnen dos tercios, la norma quedará promulgada pese al veto.
La votación es relevante para Santa Fe por dos razones. Primero, porque la ley habilita actualizaciones mensuales de aranceles para prestaciones y crea una pensión no contributiva del 70% del haber mínimo —compatible con empleo formal de bajos ingresos—, medidas que impactan en familias, prestadores y obras sociales de la provincia. Segundo, porque la definición final depende de los tres senadores santafesinos (Carolina Losada, Dionisio Scarpin y Marcelo Lewandowski), sobre quienes se posa ahora la presión para la insistencia.
Cómo votaron los santafesinos en Diputados. A favor de rechazar el veto lo hicieron, entre otros, Germán Martínez, Florencia Carignano, Eduardo Toniolli, Magalí Mastaler, Diego Giuliano, Mónica Fein, Mario Barletta, Roberto Mirabella, Esteban Paulón, Melina Giorgi y los ex PRO Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini. En contra quedaron Rocío Bonacci, Romina Diez, Nicolás Mayoraz, José Núñez, Alejandro Bongiovanni y Luciano Laspina. El poroteo muestra fisuras en bloques aliados al oficialismo.
Qué prevé la ley que vetó el Ejecutivo. Declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 (prorrogable un año), ordena actualizar mensualmente el nomenclador por la misma fórmula de movilidad vigente, dispone una compensación de emergencia a prestadores por la brecha 2023–2024, refuerza la ANDIS y crea una pensión no contributiva para personas con discapacidad del 70% del haber mínimo, compatible con empleo hasta 2 salarios mínimos. También transforma pensiones ya otorgadas y promueve incentivos de contratación.
La disputa de fondo es fiscal. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un costo entre 0,22% y 0,42% del PBI, con rubros como la compensación a prestadores y la nueva pensión. El Gobierno argumenta que el Congreso no definió fuentes de financiamiento y anticipó que buscará frenar su implementación incluso en tribunales. En el recinto, opositores cuestionaron cálculos “inflados” y citaron que el propio veto hablaba de un impacto mucho mayor; la Casa Rosada, a su vez, prometió “analizar aumentos” por decisión administrativa.
Por qué importa en Santa Fe. Prestadores y familias de la provincia arrastran reclamos por atrasos y aranceles desfasados; cualquier actualización nacional se traduce en alivio operativo si viene con fondos y reglas claras. En paralelo, el sistema provincial (Iapos) enfrenta tensiones presupuestarias que se potencian cuando Nación demora pagos o baja el piso del nomenclador. El cuadro explica la amplitud del apoyo santafesino a la insistencia en Diputados, más allá de pertenencias partidarias.
Qué mirar ahora. 1) La sesión del Senado: la insistencia requiere dos tercios también allí; de lograrse, el Ejecutivo debe promulgar. 2) La letra chica de la reglamentación: tiempos de liquidación de la compensación a prestadores y la operatividad de la nueva pensión. 3) Eventual judicialización del Gobierno y su efecto en la aplicación efectiva de los artículos clave. Para familias y prestadores santafesinos, la diferencia entre una ley vigente y una frenada cautelarmente puede medirse en semanas de servicios y de caja.
