Los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron hoy un proyecto de ley destinado a reformar la Ley de Ética Pública, con el objetivo de ampliar sus alcances e incluir a los asesores y consejeros presidenciales. La medida responde a la situación actual de Santiago Caputo, uno de los principales asesores del presidente, quien actualmente no rinde cuentas como funcionario público al estar bajo un contrato de consultor.
La importancia de la iniciativa
El proyecto subraya la necesidad de transparencia en las funciones de los asesores de máxima confianza de la presidencia, quienes, al no figurar como funcionarios oficiales, no están sujetos a la presentación de declaraciones juradas ni al cumplimiento de otras obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Según los legisladores socialistas, esto plantea un problema de incompatibilidad con la Ley de Ética Pública, especialmente cuando se trata de figuras como Caputo, cuya influencia en las decisiones clave del Ejecutivo es notoria.
Un reclamo de larga data de la oposición
El rol de Caputo ha sido objeto de continuos cuestionamientos por parte de la oposición, que exige mayor claridad respecto a su designación y responsabilidades. Como uno de los asesores más influyentes de la Casa Rosada, Caputo ha estado involucrado en temas de gran envergadura, como la reciente Ley Bases y el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, por lo que diversos sectores consideran indispensable que sus funciones estén reguladas y sujetas a supervisión.
Detalles de la propuesta
En su presentación, los diputados Paulón y Fein argumentaron que aquellos asesores que, en la práctica, intervienen en negociaciones y decisiones con poderes propios del presidente, aunque bajo contratos independientes, deben también estar sujetos a la Ley de Ética Pública. Fein declaró: “No podemos permitir que quienes ocupan posiciones de alto impacto en el Estado operen sin una rendición de cuentas. La transparencia es fundamental, y cualquier persona en esta función debe presentar una declaración jurada obligatoria, sin importar si el cargo es ad honorem o remunerado”.
Alcances del proyecto
El proyecto incorpora incisos en la normativa de la Alta Dirección Pública para precisar que sus funciones están limitadas a aquellas definidas por la Constitución y a las delegadas por el presidente, el Jefe de Gabinete y los ministros, en cargos de rango menor o de asesoría. De esta manera, se plantea que quienes ocupen funciones similares a las de Caputo estén obligados a cumplir con las mismas obligaciones que el presidente en cuanto a la gestión de intereses, transparencia en la información y publicidad de los actos de gobierno, así como al escrutinio legislativo.
Definición de los cargos alcanzados
La propuesta también añade un artículo que especifica que todos los funcionarios, independientemente de su tipo de contratación, estarán sujetos a estas responsabilidades cuando perciban remuneraciones equivalentes o superiores a 1,500 Unidades Retributivas de Servicios (URS) del Sistema Nacional de Empleo Público. Desde el socialismo informaron que la propuesta ya cuenta con el apoyo de otros legisladores del espacio Encuentro Federal, como Emilio Monzó, y que se encuentran en diálogo con bloques como la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica para sumar adhesiones.
