La red vial argentina no solo se debate en el barro y el bache: también se litiga en tribunales.
Este martes, el Gobierno nacional recibió un revés judicial: la Justicia suspendió por seis meses los efectos del decreto que ordenaba la disolución de Vialidad Nacional, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el gremio Sevina, que representa a trabajadores del organismo.
El vocero presidencial Manuel Adorni (@madorni) confirmó desde su cuenta de X que el Ejecutivo apelará la decisión, en defensa de un paquete de reformas que busca reconfigurar el sistema de planificación y control de la infraestructura vial, delegando funciones en áreas del Ministerio de Economía y organismos nuevos, como la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.
El cierre de Vialidad, junto con la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, había sido anunciado como una medida «definitiva» por parte del gobierno libertario, que las caracterizó como “estructuras ancladas en la corrupción de la obra pública”.
Pero lo que está en juego va más allá del relato anticasta.
Vialidad Nacional es (o era) el corazón técnico de la infraestructura argentina: un organismo con capacidad de diseño, conservación, inspección y gestión de rutas estratégicas para el sistema productivo y turístico.
Sin esa estructura, advierten técnicos y gremios, se pierde capacidad estatal de planificación. El Estado se vuelve un mero administrador de concesiones privadas, sin saber ni con qué se construye, ni cuánto cuesta mantener, ni qué rutas quedan fuera del radar del mercado.
El fallo judicial no deroga el decreto, pero pone un freno temporal a su ejecución, evitando despidos y actos administrativos de desmantelamiento. Mientras tanto, el Gobierno deberá demostrar en la apelación la legalidad y racionalidad de su decisión.
En el fondo, la disputa es esta: ¿debe el Estado mantener capacidad técnica propia para diseñar el país, o debe limitarse a licitar lo que otros proponen?
La ruta, esta vez, no solo se construye. Se discute en tribunales.
