Desde que el Gobierno nacional modificó el sistema de actualización previsional, los ingresos de los jubilados entraron en una trayectoria descendente que ya se expresa en números concretos. El cambio, instrumentado a partir de diciembre de 2023 mediante el DNU 274/2024, reemplazó la fórmula vigente por un esquema atado exclusivamente a la inflación. El resultado, según un relevamiento privado reciente, fue una pérdida acumulada del 27,4% en términos reales.
El estudio muestra que el recorte no fue solo gradual, sino también oportuno. De haberse mantenido la fórmula anterior, basada en salarios y recaudación, la jubilación mínima habría alcanzado en diciembre un nivel sensiblemente mayor. En lugar de eso, el haber quedó en $340.886 sin bono, cuando bajo el esquema previo habría llegado a $434.279. La diferencia mensual —más de $93.000— ilustra el costo concreto del cambio para quienes dependen exclusivamente de ese ingreso.
El informe subraya un punto clave: la fórmula derogada funciona con rezagos que permiten recomponer poder adquisitivo cuando la inflación empieza a desacelerarse. El régimen actual, en cambio, garantiza que las jubilaciones acompañen los precios, pero bloquea cualquier posibilidad de recuperar lo perdido. En términos prácticos, estabiliza el deterioro sin revertirlo.
La situación se vuelve más crítica entre quienes cobran la jubilación mínima con bono. El refuerzo compensatorio permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024. Entre ese mes y diciembre de 2025, los haberes crecieron 154%, pero la mínima con bono apenas aumentó 101%. Para sostener su valor real, el complemento debería haber sido de $177.485. La brecha mensual supera los $107.000 y deja a estas jubilaciones casi 17% por debajo de los niveles del último tramo del gobierno anterior.
El trabajo también reconstruye el impacto inicial del cambio de régimen. En los primeros meses se produjo una caída abrupta del poder de compra: 26,3% en las jubilaciones sin bono y 21,3% en las que lo incluyen. Con ese retroceso, el ingreso real de los jubilados quedó incluso por debajo del promedio de la década de 1990, un dato que refuerza la dimensión histórica del ajuste.
A ese escenario se suman las decisiones posteriores. Los vetos presidenciales a leyes de recomposición —como la norma rechazada en agosto de 2025 que proponía un aumento excepcional y la actualización del bono— cerraron la posibilidad de una corrección parcial. De haberse aprobado, la jubilación mínima habría superado los $446.000 ese mes.
El cierre del cuadro llega con el fin de la moratoria previsional. Sin ese mecanismo, la mayoría de quienes alcanzan la edad jubilatoria no logra completar los aportes y queda derivada a la PUAM, equivalente al 80% de una jubilación mínima. Según el estudio, nueve de cada diez mujeres y ocho de cada diez varones quedan atrapados en esa alternativa.
Para Santa Fe, donde el peso de los ingresos previsionales es central en la economía cotidiana de muchas localidades, el ajuste no es una abstracción macroeconómica. Se traduce en menos consumo, más dependencia familiar y una presión creciente sobre redes sociales y comunitarias. El debate previsional ya no gira solo en torno a la sostenibilidad fiscal: empieza a interpelar, con números en la mano, hasta dónde puede tensarse el ingreso de los jubilados sin romper el equilibrio social.
