El bono congelado convirtió la mínima en el ancla del ajuste

En 10 segundos:
Qué pasó: la UNDAV estimó una pérdida acumulada de $2.721.627 por cada beneficiario de la mínima
Qué cambia desde hoy: el haber base sube por inflación y el bono conserva el valor fijado en marzo de 2024
A quién le pega: a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones que dependen del refuerzo
Qué mirar ahora: una posible actualización del bono y el impacto previsional del FAL desde noviembre

Buenos Aires, 4 de agosto de 2026. El ajuste previsional se concentra en una suma inmóvil. Cada aumento por inflación eleva el haber base y vuelve más pequeño el bono dentro del ingreso total. Para millones de personas que dependen de la mínima, esa aritmética define cuánto dinero queda para alimentos, medicamentos y servicios.

En agosto, el haber mínimo asciende a $419.775,92. Con el refuerzo de $70.000, el pago total alcanza los $489.775,92. En marzo de 2024, el bono equivalía al 52% del haber base. Hoy representa el 16,7% y perdió un 56,2% de su capacidad de compra desde su última actualización.

El mecanismo quedó establecido por el Decreto 274/2024. El haber se actualiza todos los meses mediante el Índice de Precios al Consumidor, con dos meses de rezago. El Ejecutivo mantuvo el bono como una suma fija y discrecional. Esa decisión concentró la pérdida sobre quienes cobran menos.

El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda calculó que cada beneficiario acumula $2.721.627 de ingresos perdidos desde diciembre de 2023. La cifra equivale a cinco jubilaciones mínimas y media con el bono actual. El mismo estudio ubica en 42% el deterioro del poder adquisitivo.

Ese porcentaje requiere atribución directa a la UNDAV porque la publicación periodística omite el detalle metodológico completo. Una comparación punta a punta realizada por Chequeado sitúa el ingreso de agosto un 9,1% debajo de noviembre de 2023 en términos reales y un 4,5% debajo del nivel registrado un año atrás. Los haberes superiores a la mínima acumulan una mejora real del 10,8% durante la actual gestión. La brecha dentro del sistema nace del congelamiento del bono.

El deterioro aparece con fuerza en el mercado laboral. Según la UNDAV, más de 27.000 personas mayores de 65 años volvieron a trabajar para completar sus ingresos. Entre las mujeres jubiladas que continúan activas, la informalidad llegó al 61,6%; en diciembre de 2023 alcanzaba el 51,2%. Entre los varones asciende al 55,6%.

La deuda completa el cuadro. El estudio estima que 1.345.000 personas mayores mantienen compromisos con prestamistas extrabancarios, generalmente sujetos a tasas superiores a las ofrecidas por los bancos. El universo creció en más de 200.000 personas desde diciembre de 2024. Un ingreso mensual inferior a $500.000 convierte cualquier gasto imprevisto en deuda para el mes siguiente.

Desde el 1° de noviembre se abrirá otro frente. El Fondo de Asistencia Laboral recibirá una contribución patronal del 1% para grandes empresas y del 2,5% para las mipymes. Esas alícuotas serán descontadas de contribuciones patronales destinadas a la seguridad social, incluido el SIPA, y financiarán futuras indemnizaciones laborales.

El equilibrio fiscal obtuvo una parte de su resultado de esta licuación silenciosa. Su costo aparece en jubilados que regresan al trabajo, informalidad creciente y deuda cara para sostener gastos cotidianos. La actualización del bono permitiría recuperar una parte del ingreso perdido. Su congelamiento prolonga la transferencia desde la base del sistema hacia las cuentas públicas.

 

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