La ronda de reuniones encabezada por Manuel Adorni y Diego Santilli con mandatarios provinciales marca un cambio de clima en la relación entre la Nación y las provincias. Tras una etapa de tensión por la quita de fondos y la falta de diálogo, el Gobierno nacional ensaya una nueva estrategia: construir una base política que respalde las reformas fiscales y laborales y dé viabilidad al Presupuesto 2026.
El movimiento tiene un doble objetivo. Por un lado, legitimar la gestión de Santilli como futuro ministro del Interior; por otro, aislar a los gobernadores más confrontativos y asegurar la cooperación de los aliados, entre ellos el cordobés Martín Llaryora y el sanjuanino Marcelo Orrego. La elección de ambos no es casual: representan modelos provinciales con peso territorial y autonomía discursiva, clave para recomponer confianza federal.
El mensaje político detrás de los encuentros es claro: la Casa Rosada necesita de los gobernadores para evitar que las reformas naufraguen en el Congreso. En paralelo, deja abierta la puerta a revisar la coparticipación, una pulseada sensible que ningún gobierno se anima a desatar sin consenso. En la práctica, esa admisión es una concesión implícita: el Ejecutivo reconoce que el ajuste ya no puede descargarse solo sobre las provincias.
En Santa Fe, la señal genera expectativa moderada. La administración de Maximiliano Pullaro reclama desde hace meses una mesa técnica para discutir deudas por infraestructura y fondos educativos. Si el Gobierno nacional avanza con una agenda de diálogo real, los reclamos podrían canalizarse por vías institucionales y no por la confrontación pública que caracterizó la primera etapa del mandato libertario.
Los próximos pasos —una gira federal de Santilli y la formalización de acuerdos bilaterales— pondrán a prueba la consistencia de esta apertura. El desafío será sostener el equilibrio entre el discurso de austeridad y la necesidad de reconstruir una red política capaz de garantizar gobernabilidad. Porque, al final, ningún plan económico sobrevive sin una mínima arquitectura federal que lo sostenga.
