La habitual manifestación de jubilados que cada miércoles se congrega frente al Congreso Nacional en Buenos Aires para exigir mejoras en sus pensiones derivó ayer en una de las jornadas más violentas de los últimos años. La protesta, que esta vez contó con el respaldo de hinchadas de fútbol, sindicatos y organizaciones sociales, culminó con una contundente represión policial que dejó un saldo de más de 120 detenidos y al menos 45 heridos, entre ellos el fotoperiodista Pablo Grillo, quien se encuentra en estado crítico tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza.
La movilización, que reunió a miles de personas, comenzó de manera pacífica en la Plaza del Congreso. Sin embargo, la tensión escaló cuando las fuerzas de seguridad intentaron dispersar a los manifestantes utilizando gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes. Los enfrentamientos se extendieron por varias calles adyacentes, registrándose incendios de contenedores y daños a vehículos policiales.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el accionar de las fuerzas de seguridad, calificando la protesta como un intento de desestabilización organizado por «patotas, barras bravas y agrupaciones de izquierda violentas». Bullrich aseguró que entre los detenidos se encontraron armas de fuego y armas blancas, aunque no presentó pruebas concretas al respecto.
El presidente Javier Milei respaldó plenamente a la ministra Bullrich, destacando la necesidad de mantener el orden público y advirtiendo sobre posibles intentos de desestabilización por parte de sectores opositores. Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel se solidarizó con los heridos y enfatizó que la violencia no es una herramienta legítima para manifestarse ni para defender ninguna causa.
La represión ha generado una ola de críticas por parte de organismos de derechos humanos y sectores de la oposición, quienes denuncian un uso excesivo de la fuerza y la criminalización de la protesta social. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudió la agresión al fotoperiodista Pablo Grillo y exigió una investigación exhaustiva de lo ocurrido.
Este episodio revive recuerdos de la reforma previsional de 2017, cuando también se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso. En aquella ocasión, la protesta contra los cambios en el sistema de pensiones derivó en una violenta represión que dejó decenas de heridos y detenidos.
La situación actual plantea interrogantes sobre el manejo de la protesta social en Argentina y la delgada línea entre el mantenimiento del orden público y el respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Mientras tanto, los jubilados continúan exigiendo mejoras en sus condiciones de vida, en un contexto económico cada vez más desafiante.
