El Banco Central (BCRA) anunció este jueves un aumento en los encajes bancarios, que pasarán del 36% al 40% para cuentas a la vista y del 30% al 40% para fondos de money market. La medida busca absorber pesos del sistema y frenar la reciente escalada del tipo de cambio, que cerró en $1.380, marcando el nivel más alto desde el fin del cepo.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, justificó la decisión en el canal de streaming Carajo: “Detectamos un excedente de pesos en el sistema. Aumentar los encajes es una forma de reducir volatilidad y fortalecer el esquema monetario”. En paralelo, se redujo del 9% al 5% el encaje requerido para los bonos, como gesto hacia el sistema financiero.
La lógica oficial es clara: menos pesos en circulación, menos presión sobre el dólar. Pero el movimiento dejó en evidencia el nivel de tensión que atraviesa la política económica. El salto de $60 en la jornada previa, sumado al 14% de suba mensual, activó señales de alarma en sectores productivos y financieros.
El ministro de Economía, Luis Caputo, intentó relativizar la reacción del mercado con una frase que generó controversia: “El tipo de cambio puede subir o bajar, al que le parezca caro, venderá, y al que le parezca barato, comprará”. Y remató: “No sé por qué se enojan con nosotros”.
La respuesta no se hizo esperar. Desde la oposición —y también desde sectores empresariales— surgieron críticas por lo que se percibe como una política errática, más discursiva que estructural. La suba de encajes implica encarecer el crédito, lo que complica aún más a las pymes que ya operan con márgenes reducidos.
Además, en una entrevista en el canal Neura, el presidente Javier Milei deslizó otra interpretación sobre el origen de la corrida: apuntó contra su propia vicepresidenta, Victoria Villarruel, por haber permitido que se aprobara una ley que aumenta jubilaciones mínimas y declara la emergencia en discapacidad. Según Milei, la sesión fue “ilegal” y “rompió el equilibrio fiscal”.
La explicación sorprende: en lugar de señalar tensiones macroeconómicas o desafíos de coordinación interna, el oficialismo apunta a “ataques especulativos” y “ruidos legislativos” como desencadenantes de la presión sobre el dólar. La narrativa refuerza la idea de que las subas no son producto de debilidades estructurales, sino de maniobras ajenas o internas maliciosas.
Mientras tanto, la brecha entre el discurso y la percepción social se amplía. En una economía donde el dólar sigue siendo el termómetro de la confianza, las respuestas técnicas son observadas con creciente escepticismo.
El nuevo nivel de encajes podría enfriar temporalmente la demanda de divisas, pero su efecto colateral —menor liquidez, encarecimiento del crédito— ya golpea a sectores productivos. El Gobierno se aferra a un discurso de flotación controlada, pero el mercado lee otra cosa: descoordinación, presiones internas y pocas herramientas de fondo.
