El Gobierno nacional volvió a endurecer su postura fiscal y ratificó que vetará cualquier ley que implique un aumento en las jubilaciones, incluso si es aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados. La advertencia, que llegó desde lo más alto de la Casa Rosada, busca frenar una iniciativa impulsada por bloques opositores que plantea un incremento del 7,2% en los haberes previsionales y la ampliación del bono extraordinario para jubilados.
“No vamos a tocar el Presupuesto”, sentenció una fuente del Ejecutivo al ser consultada por la posibilidad de acompañar alguna mejora en los ingresos de los adultos mayores. Según el oficialismo, el costo fiscal de la medida rondaría el 1,3% del PBI, lo que consideran incompatible con la meta de déficit cero que sostiene el ministro Luis Caputo.
La sesión prevista para este miércoles en Diputados reúne a fuerzas como Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y el Frente de Izquierda, que podrían lograr quórum y avanzar con los proyectos. Sin embargo, el oficialismo ya activó su defensa: el veto presidencial como último recurso para impedir que la ley entre en vigencia.
El antecedente inmediato no es menor: Milei ya vetó aumentos similares en 2024, tanto en jubilaciones como en el presupuesto universitario, y logró sortear el costo político inicial gracias a su narrativa de disciplina fiscal. En esta ocasión, la jugada busca enviar una señal a los mercados, aunque vuelve a poner al Gobierno en el centro del debate social.
Mientras tanto, organizaciones de jubilados y espacios opositores advierten que la política de ajuste golpea con más fuerza a los sectores vulnerables, y anticipan movilizaciones si el veto se concreta.
