La industria textil argentina advierte que la reducción arancelaria amenaza miles de empleos

La decisión del Gobierno argentino de reducir los aranceles para la importación de ropa, calzado y telas generó una fuerte alarma en el sector textil local, que anticipa consecuencias severas en términos de empleo y producción nacional.

Representantes de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CAMARA) y de la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA) expresaron, mediante un comunicado, su profunda preocupación frente a lo que definieron como un golpe a un sector que emplea a miles de argentinos. Según sostienen, la decisión oficial podría derivar en la pérdida de empleos formales y provocar el cierre de numerosas empresas.

La preocupación de los industriales radica en que esta medida abre las puertas a productos extranjeros, principalmente provenientes de países asiáticos, caracterizados por costos laborales e impositivos notablemente inferiores, lo que resulta en una competencia desleal para la producción nacional. Esta situación es agravada por el contexto actual de tipo de cambio competitivo para las importaciones.

“Esta decisión del Gobierno pone en jaque al empleo formal, ya que golpea directamente a la producción argentina y favorece la entrada masiva de productos importados baratos. No solo implica pérdida de puestos de trabajo, sino también una considerable disminución en la recaudación fiscal debido a la caída en la actividad local”, sostuvieron desde las entidades textiles.

Además, el sector alertó sobre el impacto negativo en la economía nacional y las cuentas públicas, ya que la reducción de aranceles provocaría una merma significativa en la recaudación tributaria y de cargas sociales, profundizando aún más la delicada situación fiscal.

Las entidades recordaron experiencias pasadas donde medidas similares derivaron en procesos de desindustrialización y desempleo creciente, con graves consecuencias sociales y económicas.

Finalmente, advirtieron que esta iniciativa también compromete la integridad del acuerdo comercial del MERCOSUR, cuyo funcionamiento exige consenso entre los países miembros, y anticiparon un impacto negativo adicional por la mayor demanda de divisas para importar bienes que hasta ahora se producían localmente.

 

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