En 10 segundos:
Qué pasó: una mujer acusada de presentarse con identidades falsas será juzgada por el homicidio de su pareja en Córdoba.
Qué cambia desde hoy: la causa avanza hacia el juicio oral con tres personas imputadas.
A quién le pega: al entorno familiar de la víctima y a un caso que expone fallas en los controles judiciales.
Qué mirar ahora: cuándo se fijará la fecha del debate y qué pruebas sostendrán la acusación.
Córdoba, 10 de marzo de 2026.
La historia comenzó con una relación que parecía casual y terminó convertida en una de las investigaciones criminales más complejas de los últimos años en Córdoba. La Justicia provincial se prepara ahora para llevar a juicio a Patricia Gabriela Alcaraz, acusada de haber asesinado a su pareja, el martillero Lorenzo Castro, en un caso atravesado por identidades falsas, presuntos intentos de homicidio previos y una larga fuga.
La mujer, de 55 años, enfrenta una imputación por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, una figura penal que contempla la pena de prisión perpetua.
Los investigadores sostienen que Alcaraz mantenía un patrón de conducta marcado por la construcción de identidades ficticias y vínculos con hombres a los que luego intentaba manipular o explotar económicamente.
En el caso que desencadenó la causa principal, la víctima fue Lorenzo Castro, un martillero público de 67 años que había conocido a la mujer a mediados de 2024 en el casino de Río Cuarto.
Durante ese primer contacto, la acusada se presentó con otro nombre y afirmó ser una jueza federal retirada llamada Gabriela Mallo.
Según la reconstrucción judicial, la relación avanzó durante varios meses y llegó a integrarse parcialmente al entorno familiar de Castro. Con el paso del tiempo, la mujer también conoció a los hijos del martillero, quienes comenzaron a verla con frecuencia.
El vínculo se quebró abruptamente el 18 de febrero de 2025.
Ese día, Castro murió en el interior de su vivienda en la localidad cordobesa de General Cabrera. El cuerpo fue hallado al día siguiente por uno de sus hijos, que se acercó al domicilio tras recibir un aviso de una vecina que había notado algo extraño: la camioneta del hombre permanecía estacionada frente a la casa con todo cerrado.
Cuando el familiar llegó al lugar percibió olor a humo que provenía del interior de la vivienda.
La escena que encontró dentro de la casa transformó lo que inicialmente parecía un incendio doméstico en una investigación criminal.
Las pericias posteriores revelaron elementos que empezaron a orientar las sospechas hacia Alcaraz.
Las cámaras de seguridad instaladas en la zona registraron que la mujer había sido la última persona en ingresar al domicilio antes del incendio. Además, durante el trabajo pericial se hallaron guantes con huellas dactilares que, según la acusación, pertenecían a la imputada.
Ese conjunto de indicios consolidó la hipótesis de que la muerte de Castro no había sido accidental.
A partir de allí, la investigación comenzó a avanzar sobre la verdadera identidad de la mujer.
Los investigadores descubrieron que la supuesta jueza federal retirada nunca había existido y que Alcaraz utilizaba documentos falsos y relatos elaborados para construir identidades alternativas frente a las personas que conocía.
El análisis de su pasado reveló además episodios que, según la fiscalía, muestran un patrón de conducta.
Uno de esos antecedentes remite a 2020, cuando la mujer residía en Perú. Allí fue señalada por un intento de homicidio contra un abogado al que, según la investigación, habría drogado antes de provocar un incendio en el departamento donde ambos se encontraban.
El hombre sobrevivió gracias a la intervención de un familiar que llegó al lugar a tiempo.
Otro episodio ocurrió en noviembre de 2022 en un departamento del barrio porteño de Recoleta. En ese caso, un hombre murió tras un incendio en la vivienda donde se encontraba con la acusada.
La causa llegó a juicio en 2023, pero el proceso se vio interrumpido cuando Alcaraz obtuvo prisión domiciliaria por motivos de salud. Antes de que se dictara el veredicto, se fugó y permaneció prófuga durante casi dos años.
Su captura se produjo el 25 de febrero de 2025 en un centro de estética de Río Cuarto, donde fue detenida por personal policial.
La investigación por la muerte de Castro también abrió otras líneas sobre el posible rol de personas cercanas a la acusada.
Uno de los principales señalados es Claudio González, considerado por la querella como un colaborador directo en la etapa posterior al hecho.
El hombre está imputado por encubrimiento agravado y falso testimonio.
Según la acusación, habría tenido un papel clave en la fuga de Alcaraz tras el proceso judicial por el caso de Recoleta. Los investigadores sostienen que colaboró en la construcción de direcciones falsas y en maniobras destinadas a dificultar su localización.
El expediente también menciona a Facundo Martín, hijo de la acusada.
Los investigadores no lo vinculan directamente con los ataques, pero consideran que podría haber tenido conocimiento de las identidades falsas que utilizaba su madre y de algunas de las actividades que desarrollaba bajo esas identidades.
Esa hipótesis se apoya en evidencias digitales que serán analizadas durante el debate oral.
Para la querella, el móvil central de los hechos habría sido económico.
Los investigadores detectaron que la mujer solía acercarse a hombres con estabilidad financiera y luego intentaba involucrarse en sus negocios o acceder a sus bienes.
En el caso de Castro, la acusación sostiene que Alcaraz y su entorno buscaban tomar control de su actividad inmobiliaria.
Mientras tanto, los tres imputados permanecen detenidos con prisión preventiva en la cárcel de Bower, en Córdoba.
El proceso judicial avanza ahora hacia la instancia del juicio oral, que todavía no tiene fecha confirmada pero podría desarrollarse antes de fin de año.
Ese debate será el escenario donde la Justicia deberá determinar si la historia de identidades falsas, incendios y relaciones manipuladas responde a una serie de episodios aislados o a un patrón criminal construido durante años.
