En una trama que involucra millones de pesos en comisiones y la manipulación de contratos de seguros estatales, la Justicia puso la mira en Alberto Fernández y 38 personas de su círculo cercano, entre exfuncionarios, empresarios y directivos de cooperativas. La denuncia, que llevó al expresidente a una citación indagatoria, acusa un manejo irregular de fondos públicos en Nación Seguros, revelando un entramado de contratos direccionados, compras de lujo y viajes pagados con dinero estatal.
Contratos direccionados y ganancias para pocos
Durante cuatro años de su gestión, Fernández habría actuado en connivencia con aseguradoras, intermediarios y brokers para quedarse con una tajada de los fondos públicos destinados a los seguros de diversas entidades del Estado. El juez federal Julián Ercolini sostiene que, bajo la protección y aval del expresidente, se creó un sistema de recaudación irregular a través de Nación Seguros, donde los contratos eran repartidos de manera discrecional, beneficiando a un reducido grupo de empresarios.
Se calcula que más del 87% de las comisiones de seguros estatales fueron absorbidas por tres grandes grupos, controlados por Héctor Horacio Martínez Sosa, Pedro Torres García y Oscar Castello, quienes se convirtieron en los principales jugadores de este esquema. Ercolini describe este circuito de intermediarios como una verdadera cartelización que movió más de 3.364 millones de pesos, de los cuales la gran mayoría fue a parar a manos de estos empresarios.
Amigos, regalos y favores
Un caso particular es el de Martínez Sosa, amigo de Fernández y quien, junto con su esposa, secretaria del expresidente, se convirtió en el gran beneficiado del direccionamiento de contratos. Los vínculos personales se entrelazaban con los negocios: a cambio de las millonarias comisiones, el bróker y su esposa le ofrecían al expresidente costosos obsequios, dinero y el uso de una vivienda. Castello, otro de los involucrados, habría financiado parte de la campaña presidencial de Fernández, lo que explica el “favor” en la asignación de contratos.
El extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, también aparece involucrado en el esquema como parte del círculo que autorizaba los contratos y simulaba operaciones para direccionar los seguros. Según el juez, Pagliano y sus subalternos utilizaban notas para “simular” pedidos de organismos estatales y asignar contratos a amigos y conocidos. Entre los citados a indagatoria también están Gustavo García Argibay y Sebastián Díaz Bancalari, exdirectores de la aseguradora estatal que defendían los intereses de los brokers en vez de los del Estado.
El cambio en el decreto que facilitó todo
La clave de la maniobra radica en el decreto N° 823/2021, firmado por Fernández, que obligaba a contratar seguros con Nación Seguros sin necesidad de concurso público. Aunque el decreto original limitaba la intervención de intermediarios, su versión final dejó este aspecto sin reglamentar, abriendo la puerta a la libre designación de “productores” e intermediarios en cualquier caso, sin control estatal y sin documentos de respaldo.
Desde entonces, Nación Seguros centralizó el negocio de las pólizas estatales y canalizó comisiones a través de las mismas empresas, bajo un sistema donde los intermediarios cobraban comisiones millonarias sin que sus funciones quedaran claras ni registradas.
Cooperativas fantasmas y lujos financiados por el Estado
El dinero generado por esta red de intermediarios terminó en cooperativas y empresas de pantalla que se encargaron de dar una apariencia legal al movimiento de fondos. Una de estas, la Cooperativa 7 de Mayo, que supuestamente gestionaba una cervecería, fue uno de los canales para blanquear los ingresos de la maniobra.
Las compras realizadas con estos fondos revelan el grado de descaro con el que operaba la estructura: camionetas Amarok, vehículos Jeep, departamentos en Capital Federal, un lote en un country de la costa, vuelos a Miami y hasta plateas en el estadio de River Plate. Todo a nombre de funcionarios y empleados de Nación Seguros, quienes, según el juez, se habrían aprovechado de su posición para enriquecerse.
La última palabra de Fernández
La investigación judicial no solo apunta a los operadores de Nación Seguros y a los empresarios favorecidos, sino también a la participación directa del expresidente en la manipulación de contratos. Según Ercolini, Fernández era quien daba el visto bueno final en los casos conflictivos y mantenía el control absoluto de la operación.
Para el juez, “el expresidente se habría aprovechado de su investidura” para ejecutar un esquema de corrupción que, en última instancia, favoreció a un grupo cerrado de amigos y colaboradores. Fernández habría permitido la designación de empresas sin solidez en el mercado, incluso avalando que algunas compañías fueran solo una fachada para otros involucrados. En ese juego de roles, la empresa Bachelier, utilizada por Martínez Sosa, y San Ignacio, pantalla de Torres García, habrían sido clave para ocultar los verdaderos beneficiarios.
Un desvío multimillonario
En total, la maniobra significó un desvío de fondos por más de 3.364 millones de pesos a favor de un círculo reducido, en una de las mayores acusaciones de corrupción que enfrenta Fernández tras su salida de la Casa Rosada. Con su citación indagatoria, la Justicia busca esclarecer cómo se repartió el dinero y cuál fue el rol exacto del expresidente en la mayor red de corrupción en seguros estatales de la última década.
