Representantes del país y de los holdouts se reunieron por separado con el mediador; no se fijó un nuevo encuentro
Por Rafael Mathus Ruiz | Para LA NACION
NUEVA YORK.- Cinco horas de reuniones, y, tras unos minutos de silencio, los mismos cruces de declaraciones del último tiempo, sin ni siquiera la promesa firme de un nuevo encuentro para continuar con las negociaciones.
Los tres principales colaboradores del ministro de Economía, Axel Kicillof, junto con los dos principales abogados de la Argentina en Nueva York, se reunieron ayer con Daniel Pollack, abogado designado por el juez Thomas Griesa para guiar la búsqueda de un acuerdo con los holdouts por la deuda en default.
Pollack recibió, por separado, a representantes de los llamados fondos buitre.
«Cada uno de ellos me presentaron sus posiciones, pero no en la presencia de la otra parte. No se ha llegado a una resolución. Tengo la esperanza de que habrá un futuro diálogo», fue la escueta declaración de Pollack, difundida a través de un comunicado unos minutos después de finalizada la reunión.
El Ministerio de Economía dijo en otro comunicado que el encuentro había sido «de carácter eminentemente técnico», y que la comitiva argentina había insistido en «continuar con un diálogo que permita encontrar una solución en condiciones justas, equitativas y legales para el 100% de los bonistas». Los funcionarios habían reiterado además que era imprescindible que se ponga en suspenso el mandato judicial de Griesa.
«El tiempo demandado por el arreglo con la empresa Repsol S.A. fue superior a los dos años, siendo los últimos cuatro meses de este período de intensas negociaciones y, en ese caso, estaban involucradas cifras sustancialmente menores», cerró la declaración del Palacio de Hacienda.
Pasadas las cinco de la tarde, los secretarios de Finanzas, Pablo López; Legal y Administrativo, Federico Thea; la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, y el subprocurador del Tesoro, Javier Pargament, se retiraron sin realizar declaraciones. La delegación viajó anoche de regreso al país.
Unos minutos antes de que Economía distribuyera el comunicado, un vocero de NML dijo que la Argentina seguia negándose a negociar con sus acreedores y que no habían oído nada que sugiriera un cambio de curso.
«En pocas palabras, no hemos visto ninguna indicación de que la Argentina es seria acerca siquiera de comenzar una negociación», indicó.
No hubo nada que sugiriera que la Argentina y los llamados fondos buitre -NML y Aurelius Capital- se hayan acercado a un acuerdo por el pago de los bonos impagos de la deuda o, al menos, respecto de las condiciones para volver a implementar la medida cautelar («stay», en la jerga judicial norteamericana) sobre el mandato judicial de Griesa, que fuerza al país a pagarles a los litigantes antes del próximo 30 de julio o caer, otra vez, en una cesación de pagos.
Cuando falta poco más de tres semanas para la fecha límite que tiene la Argentina para realizar los pagos de la deuda, el único avance concreto que se conoció ayer en Nueva York fue una nueva presentación de una moción del Bank of New York Mellon (BoNY), el agente fiduciario del Gobierno, en el tribunal de Griesa, para definir EL FUTURO de los 539 millones de dólares que la Argentina le entregó.
En el medio
El BoNY solicitó a Griesa que aclare que puede cumplir con su mandato judicial reteniendo los fondos que ha recibido de la Argentina en las cuentas del Banco Central, donde se encuentran ahora.
La entidad neoyorquina, una vez más, quedó en el medio de la pelea. Si envían el dinero de vuelta al Gobierno se exponen a juicios de los bonistas. Si no realizan el pago, se exponen a una demanda de la Argentina. De hecho, el Gobierno ya dejó transcender que baraja esa posibilidad.
Fuentes cercanas al caso indicaron a LA NACION que, si se acuerdan condiciones para poner en pie otra vez el «stay», el BoNY, que se enfrenta a un juicio en Bélgica y a una amenaza de demanda en Londres de bonistas, podría procesar los pagos. La mejor estimación que ensayaban ayer por la tarde es que Griesa, en una audiencia que podría realizarse uno o dos días antes del 30 de este mes, aclarará qué debe hacer la entidad con el dinero.
En el peor de los casos, de no mediar avances en las negociaciones, las fuentes evaluaban que el BoNY podía llegar a enfrentarse a la situación de tener dos órdenes judiciales en conflicto, una que le ordene pagar, y la de Griesa, que le ordena no hacerlo
