Se trata de la reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal y de Defensoría General de la Nación, que comenzó a ser debatida en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores.
Representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, como Taty Almeida, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre muchas otras organizaciones, rechazaron ante los legisladores reunidos en el Salón Illia del Palacio Legislativo, la reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal y de Defensoría General de la Nación.
«Hacemos saber nuestro profundo rechazo al proyecto en tratamiento por tener directas implicancias negativas en la defensa y promoción de los derechos humanos», sostuvieron los organismos a través de la presentación realizada.
Aseguran que el proyecto impulsado por el presidente Provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo, y el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, «afecta la autonomía e independencia del Ministerio Público».
Se «pone en riesgo la creación y positiva actuación de las Procuradurías y Unidades Especializadas», y amenaza «la fuente laboral de cientos de cuadros jurídicos», explicaron.
Ante esta exposición, el oficialismo aceptó introducir cambios que vayan en línea con esos planteos.
Cambiemos aceptó dejar vigente la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que funciona actualmente dentro del Ministerio Público Fiscal y que la iniciativa de reforma eliminaba, junto con otras dependencias.
Las organizaciones advirtieron que el proyecto dejaba «a total discreción del procurador general de la Nación la continuidad o no de áreas fuertemente vinculadas a la protección y tutela de los derechos humanos y la persecución de los crímenes de lesa humanidad», en referencia al artículo que elimina las procuradurías y direcciones especiales existentes en el Ministerio Público Fiscal, como la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
«Esto genera una gran incertidumbre y preocupación porque implica el abandono de una clara política de Estado comprometida con el juzgamiento a los responsables del terrorismo de Estado», señalaron.
