El Presupuesto 2026 avanza en el Congreso con una lectura engañosa. En la superficie, es una discusión técnica sobre números, partidas y proyecciones. En la práctica, es otra cosa: el instrumento central con el que el Gobierno nacional decide quién conserva capacidad de gestión y quién queda expuesto a administrar escasez. No es contabilidad. Es poder.
A diferencia de otros años, el debate llega con una particularidad clave: la economía todavía no ofrece señales claras de recuperación sostenida y la política opera en un clima de cautela extrema. En ese contexto, cada renglón del Presupuesto cumple una doble función. Ordena gastos, pero también condiciona decisiones futuras. Las partidas que se expanden habilitan agenda. Las que se congelan, la clausuran.
Para las provincias, el impacto es directo. Obras públicas, transferencias discrecionales, programas de infraestructura y fondos específicos aparecen como variables ajustables. No es un detalle menor: en territorios donde el Estado es el principal dinamizador económico, la diferencia entre ejecución plena y subejecución redefine la relación entre gobierno y sociedad. Santa Fe lo conoce bien: rutas, accesos, vivienda y mantenimiento urbano dependen menos de anuncios que de partidas efectivamente disponibles.
El Presupuesto también funciona como señal hacia adentro del propio sistema político. Ministerios fortalecidos y otros reducidos anticipan jerarquías internas. Áreas con recursos garantizados ganan peso en la toma de decisiones; las que quedan sujetas a revisiones mensuales pasan a operar en modo defensivo. Esa lógica se traslada luego a la relación con gobernadores e intendentes, que leen el texto como un manual de supervivencia para 2026.
Otro punto sensible es la previsión inflacionaria y cambiaria. Más allá de su precisión técnica, esas estimaciones ordenan expectativas. Si el Presupuesto proyecta estabilidad, obliga a todos los actores a moverse dentro de ese marco. Si queda desfasado temprano, erosiona credibilidad y abre una negociación permanente, informal, por refuerzos y readecuaciones. Allí también se juega poder: quien puede renegociar, resiste; quien no, ajusta.
En este escenario, la discusión pública suele quedarse corta. Se habla de porcentajes, pero poco de consecuencias. Se debate el equilibrio fiscal, pero menos el equilibrio territorial. Y, sin embargo, el efecto más duradero del Presupuesto no está en el día de su aprobación, sino en los meses siguientes, cuando gobernar implica elegir qué se hace y qué se posterga.
El Presupuesto 2026 va a ordenar el año político antes de que empiece. No dirá todo en voz alta, pero dejará claro quién administra con margen y quién con límite. En un contexto de recursos escasos y expectativas frágiles, ese mapa de poder será, probablemente, más determinante que cualquier discurso.
