Es para ocupar la vacante que quedó tras la renuncia de Eugenio Zaffaroni, quien estuvo en el cargo hasta el 31 de diciembre pasado. Carlés tiene 33 años y, de ser designado ministro de la Corte, se convertirá en el miembro más joven en la historia del máximo tribunal de Justicia de la Nación.
La presidenta Cristina Fernández propuso hoy al Senado al abogado penalista Roberto Manuel Carlés, de 33 años, como ministro de la Corte Suprema de Justicia para cubrir la vacante dejada por la renuncia de Eugenio Zaffaroni el 31 de diciembre pasado.
Según lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución, se necesitan los dos tercios de los presentes para aprobar el pliego de un miembro de la Corte, número que actualmente el oficialismo no posee.
Asimismo, luego de la polémica generada por la salida de Zaffaroni, la oposición firmó un compromiso para no aprobar a ningún candidato para ocupar el cargo hasta la llegada del nuevo gobierno.
Al dar a conocer la novedad en la Casa de Gobierno luego de una reunión que había mantenido en Olivos con la jefa del Estado, el ministro de Justicia, Julio Alak, la definió como «una decisión relevante y una cuestión de importancia institucional para el país».
Según se informó, Alak se reunió con Carlés en su despacho antes de difundirse su postulación.
El abogado postulado tiene 33 años, lo que lo convertiría en el más joven integrante de ese Alto Tribunal ya que Julio Oyhanarte, impulsado por el presidente Arturo Frondizi contaba con 37 cuando asumió el cargo.
Carlés, que integró la comisión que realizó la reforma del Código Penal, es titular del Comité de Jóvenes Penalistas de la Asociación Internacional de Derecho Penal y miembro de varias entidades relacionadas con el tema.
Alak adelantó asimismo que Fernández de Kirchner decidió iniciar el procedimiento previsto en el decreto 222/03 que promoviera Néstor Kirchner «por el cual se autolimitó las facultades del Poder Ejecutivo para proponer al Senado de la Nación la designación de jueces de la Corte Suprema».
Señaló que el artículo 4 de ese decreto establece que producida una vacante en la Corte Suprema «en un plazo máximo de 30 días se publicará en el Boletín Oficial, y en por los menos dos diarios de circulación nacional, durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia» y en la red informática del ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
«La publicación a la que se refiera la norma reglamentaria se realizará a partir de mañana», señaló. Reseñó entonces los antecedentes del postulante que fue «diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Penal y es doctor en Derecho de la Universidad de Ferrara, en Italia; doctor en Ciencias Penales, de la Universidad de San Carlos, en Guatemala; presidente del Comité de Jóvenes penalistas de la Asociación Internacional de Derecho Penal y secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología».
El ex juez Zaffaroni envió el 31 de octubre del año pasado una carta a la Presidenta para comunicarle su decisión de dejar el cargo en virtud de cumplir 75 años, el tope fijado por la Constitución.
Perfil de Carlés, el elegido de la presidenta
Abogado penalista cercano al papa Francisco y coordinador de la Comisión de Reforma del Código Penal, Roberto Manuel Carlés podrá convertirse en el ministro de la Corte Suprema de Justicia más joven de la historia: con 33 años, fue elegido por la presidenta Cristina Fernández para ocupar la vacante que dejó Eugenio Zaffaroni.
Especialista en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctorado en Europa, Carlés fue designado el año pasado como coordinador de la Comisión de Reforma del Código Penal, lo que lo llevó a asumir un alto perfil en la defensa de la iniciativa del Gobierno, que por el momento quedó pospuesta.
Además, el letrado supo ganarse la confianza del papa Francisco, quien lo recibió en una audiencia privada en marzo del año pasado para interiorizarse sobre la iniciativa, en una señal de rechazo a la aplicación de un sistema punitivista para aplacar el delito.
Secretario adjunto de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC), Carlés difundió en junio pasado una carta de Francisco en la que el Sumo Pontífice apoyaba la postura de esa organización en contraposición al «endurecimiento de las penas» para el abordaje de la inseguridad.
Discípulo de Zaffaroni, a quien reemplazará en el máximo tribunal si obtiene el acuerdo del Senado, Carlés encabezó el año pasado el contrapunto de la discusión pública con el diputado y precandidato presidencial del Frente Renovador, Sergio Massa, uno de los más fervientes opositores a la iniciativa. «Ha habido un ataque infundado al trabajo de la Comisión, que no se apoya en premisas que tienen que ver con el Código», sostuvo en su momento y aclaró: «Hablé de mentiras del Frente Renovador, que lleva adelante una campaña insostenible, pero exitosa, usando como también sucede en Europa y en Estados Unidos el tema de la inseguridad».
También hay un dato histórico que da cuenta de su cercanía con el papa Francisco: en 1992, recibió el sacramento de la confirmación de manos de Jorge Bergoglio, por entonces obispo auxiliar de Buenos Aires.
Recientemente, Carlés respaldó desde su cuenta en la red social Twitter la decisión de la Presidenta de crear la Agencia Federal de Inteligencia, en reemplazo de la ex SIDE, y trasladar el control de las escuchas telefónicas a la órbita del Ministerio Público Fiscal. «Si la investigación de delitos es tarea de los fiscales, es razonable que la inteligencia judicial dependa del Ministerio Público», planteó, al tiempo que destacó como lo más «importante» de la medida que se «separe la función judicial de la administrativa en materia de Inteligencia».
Para Carlés, la «administración» de la Agencia Federal de Inteligencia «debe retener necesariamente todo lo que concierne a política exterior, criminalidad organizada trasnacional, etc.». El abogado elegido por la Presidenta dirige además el Comité de Jóvenes Penalistas de la Asociación Internacional de Derecho Penal.
