La orden de decomiso dictada por el Tribunal Oral Federal 2 marcó un nuevo punto de inflexión en la causa Vialidad. Con una actualización pericial que elevó el monto a casi $685 mil millones, la decisión obliga a ejecutar bienes de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, exfuncionarios condenados y sociedades vinculadas. La medida impacta de manera directa en el patrimonio del entramado que, según la sentencia firme de junio, participó de un esquema sistemático de desvío y apropiación de fondos públicos a través de la obra vial en Santa Cruz.
La resolución, firmada este 18 de noviembre, dispuso avanzar con la tasación, inscripción y realización de inmuebles y activos detectados en el período que va de 2003 a 2015. El tribunal consideró acreditado que el circuito de adjudicación irregular de contratos generó beneficios económicos para Báez y para la familia Kirchner, tanto de manera directa como a través de sociedades interpuestas. El decomiso abarca propiedades identificadas a nombre de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos., Loscalzo y Del Curto, así como bienes cedidos en distintos momentos a Máximo y Florencia Kirchner.
La ampliación del monto responde a un trabajo técnico de varias semanas. Peritos contadores del Poder Judicial, junto con especialistas de la Corte Suprema, aplicaron una metodología de actualización que contempló variaciones de precios, depreciaciones y valores de mercado. La intimación previa para cubrir el monto original —cercano a los $85 mil millones— no fue cumplida por los condenados, lo que habilitó al tribunal a avanzar en la ejecución.
El análisis de los documentos incorporados al expediente muestra que parte del patrimonio involucrado se encuentra fragmentado entre sociedades, fideicomisos y terceros vinculados. Esa dispersión obligó al tribunal a ordenar una búsqueda patrimonial activa que continúa en curso. La Fiscalía mantiene la facultad de sumar bienes adicionales si surgen nuevas pruebas de vinculación temporal y económica con la maniobra delictiva.
Las defensas intentaron frenar la medida con argumentos que ya habían sido descartados en instancias previas: falta de nexo causal, bienes adquiridos con anterioridad a los cargos públicos o activos incluidos en otras causas donde hubo sobreseimientos. El tribunal reiteró que el decomiso, según la normativa nacional e internacional, puede recaer sobre bienes mezclados con activos lícitos siempre que exista relación razonable con el delito fuente. La sentencia firme —recordó— acreditó ese vínculo.
El paso siguiente será la intervención de la Corte Suprema, a quien corresponde definir el destino de los bienes una vez ejecutados. Lo que está en juego no es sólo la magnitud económica: el tribunal resaltó que la finalidad prioritaria es la reparación del daño causado a la administración pública, un punto alineado con estándares de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
El decomiso abre una etapa con implicancias más amplias que el proceso penal. De un lado, compromete a un conjunto de actores políticos y empresariales cuyos bienes ahora quedarán sujetos a tasación y venta. Del otro, plantea un precedente para futuras investigaciones donde la trazabilidad patrimonial pueda superar los límites tradicionales de las imputaciones penales. Con una sentencia ya firme y un monto en ejecución que no tiene antecedentes recientes, la causa ingresa en una fase donde la dimensión económica será tan determinante como la judicial.
