El conflicto por el financiamiento universitario escaló un nuevo peldaño. Tras el veto total del presidente Javier Milei a la Ley Nº 27.795, la comunidad académica convocó a un paro nacional de universidades públicas para este viernes 12 y anunció una marcha federal que se realizaría el 17 o el 24 de septiembre, en coincidencia con el tratamiento del veto en el Congreso.
La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad) y la Federación Universitaria de Rosario (FUR) confirmaron su adhesión. En un comunicado, Coad sostuvo que la norma vetada hubiera permitido recuperar el poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes en torno al 45%, reforzar las obras sociales universitarias y evitar el deterioro de la vida estudiantil y laboral.
Las críticas al Ejecutivo fueron directas. Gremios y federaciones calificaron al gobierno de “entreguista, cruel y corrupto”, y ratificaron la consigna que se volvió lema en el sector: “Si hay veto, hay marcha”.
La Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario también respaldaron la convocatoria. El presidente de la FUA, Joaquín Carvalho, afirmó: “El gobierno nos empuja a convocar a toda la sociedad para defender no solo un reclamo universitario, sino el futuro del país”.
La protesta no se limitaría al ámbito educativo. Dirigentes universitarios adelantaron que otros sectores, como la salud pública, se sumarían a la movilización. Entre ellos, trabajadores del Hospital Garrahan, cuyo proyecto de financiamiento de emergencia también fue vetado por el Ejecutivo.
El escenario abre una pulseada política y social que excede a las universidades: lo que se discute no es solo el financiamiento de un sector, sino la capacidad del Congreso y la sociedad civil de condicionar el rumbo económico y fiscal del gobierno nacional.
