Con dos resoluciones sobre tablas, el Concejo Municipal de Santa Fe solicitó al Ejecutivo que detalle cuánto se gastó en la limpieza del lago del Parque del Sur —estimado en $129.888.000 para equipos de bombeo— y que entregue información analítica de la recaudación propia por TGI, Drei, multas y SEOM de 2023, 2024 y mes a mes de 2025. La oposición plantea que la transparencia en costos y recursos es clave para ordenar prioridades de gestión.
El tema importa porque combina ambiente, finanzas y servicios urbanos. Las respuestas definirán si el gasto en el espejo de agua tuvo respaldo técnico suficiente y, en paralelo, permitirán evaluar la evolución real de los ingresos municipales para discutir cambios tributarios. En una ciudad con presión por subsidios al transporte, obras y asistencia alimentaria, el debate por el uso de cada peso se vuelve central.
El primer pedido apunta al lago del Parque del Sur, “invadido” por Pistia stratiotes. La resolución pide precisar erogaciones, contratos y criterios del sistema de bombeo; si la especie representa riesgo para fauna y personas; si existen alternativas de mantenimiento más sustentables y económicas; qué fuentes científicas avalaron la decisión, y si primó el análisis costo-beneficio o el ambiental.
La autora del pedido, la concejala Jorgelina Mudallel (PJ), comparó la inversión con otras decisiones recientes. Según sus cálculos, con ese monto se podría haber sostenido al menos un mes más el esquema de subsidios al transporte urbano (hasta julio se destinaron $782 millones, unos $111 millones mensuales). También cuestionó que, a mitad de año, el Fondo de Obras Públicas lleve el 67% de sus recursos devengados ejecutados ($192 millones) y que el Fondo Municipal de Asistencia Alimentaria registre 43% de ejecución ($300 millones), en un contexto de reclamos barriales por residuos, iluminación y asfalto.
La segunda resolución requiere un mapa detallado de la recaudación propia. Pide la TGI por Zona Inmobiliaria; el Drei discriminado por actividades económicas principales; las multas según tipificación vigente; y el SEOM, todo con estimado y percibido para 2023-2024 y el acumulado mensual de 2025. El objetivo —sostienen Mudallel y su par Jorge Fernández— es contar con datos de máxima granularidad para estudiar ajustes normativos que impulsen actividad sin desfinanciar servicios.
El oficialismo deberá responder con documentación y series consistentes. Para el Concejo, esa trazabilidad permitirá auditar decisiones y proyectar escenarios: si el gasto ambiental fue eficiente y si la estructura tributaria acompaña la dinámica económica local. El próximo paso es la remisión de los informes; de su calidad dependerá que el debate se desplace de las polémicas a los números.
