En los últimos días se conoció un comunicado emitido por empleados del Arsat que daba a conocer un posible preacuerdo para el desarrollo del largamente demorado Arsat 3 entre la compañía argentina y la norteamericana Hugues Network Systems, de los Estados Unidos. La noticia puso en alerta a muchos legisladores nacionales. Silvina Frana, diputada por Santa Fe pidió al directorio de la firma conocer todas las posibles violaciones realizadas a la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, como también los procedimientos efectuados en relación a esta operación ilegal.
Aunque el Ministro de Defensa, Oscar Aguad sostuvo que el Arsat 3 “es más público que nunca”, un comunicado de trabajadores del plan tecnológico se viralizó el fin de semana y encendió alertas en gran parte de la política argentina, “Entendemos que nuestras misiones satelitales no pueden seguir financiándose en un 100 por ciento con los impuestos de los argentinos. (…) ARSAT-3 busca viabilizarse también a través de inversiones o aportes privados” expresaba uno de los fragmentos del documento.
Por tal motivo, este lunes se realizó la presentación de un Proyecto de Resolución de la Diputada Nacional justicialista, Silvina Frana para que el Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) informe sobre la existencia de negociaciones con alguna compañía del exterior.
Además en dicha iniciativa se expresa que el artículo 8 de la Ley 27.208, establece que el capital social de la AR-SAT estará representado en un cincuenta y uno por ciento (51%) por acciones Clase ‘A’, “encontrándose prohibida su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos últimos, sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”.
“Perder ARSAT es un retroceso en materia científica y tecnológica, además de pérdida de soberanía nacional”, manifestó la legisladora en comunicación con el programa Ida y Vuelta (Radio Eme) quien además anticipó que recurrirán a la justicia si el Presidente lleva adelante la privatización.
El motivo por el cual el asunto terminaría con intervención judicial, es porque según explicó Frana “la ley del año 2015 que definió este plan satelital, establecía que cualquier modificación en la composición de las acciones debería contar con la aprobación de dos tercios de los legisladores nacionales, por tal motivo si sobrepasa el Congreso estaría violando la ley”, finalizó.
La posible asociación con la firma estadounidense por el momento no está confirmada y ya género polémica y rechazo. En las últimas horas, la empresa comunicó que “La carta de intención firmada con la empresa Hughes no prevé, bajo ningún motivo ni circunstancia, la privatización de Arsat ni de ninguno de sus activos, simplemente apunta a la colaboración o eventual inversión para la construcción de un tercer satélite”.
