El manual Durán Barba y la construcción del nuevo relato se expone cada vez que los principales actores políticos del frente Cambiemos enfrentan un micrófono o construyen una respuesta para salir “del paso” ante algunas posiciones incómodas. El impacto de las marchas contra el fallo de la Corte Suprema que benefició a un represor con la derogada ley del 2X1 podría ser un buen ejemplo. Tras el repudio masivo de la sociedad el discurso viró: “aunque no nos gusten sus fallos, respetamos a la Justicia. Ahora tenemos una Justicia independiente” aseguraba uno de los popes del macrismo santafesino, el intendente capitalino y titular de la UCR nacional, José Corral. Pero, ¿cómo ejecuta sus políticas de gobierno el alcalde en su patria chica? Veamos.
Respeto por las instituciones y división de poderes.-
Cuando el Concejo municipal era liderado por el radicalismo universitario, el intendente se aseguró que su mayoría le cediera atributos que, con un eventual cambio de mayorías legislativas, se vería con inconvenientes para manejar o dependería del visto bueno de la oposición para ejecutar de manera directa. Potestad para fijar el costo del boleto de colectivo, modificación en la composición del costo de las multas, valor del estacionamiento medido, entre otras facultades que según la Ley Orgánica de Municipios y Comunas son potestad del órgano deliberante local, pero que en su momento fueron ofrendadas al Ejecutivo.
Cuando efectivamente la ciudadanía decidió que el Concejo esté compuesto por mayorías opositoras a la gestión Corral, el ejecutivo hizo uso de su potestad única de decidir sobre estas cuestiones. Aunque también avanzó sobre otras facultades que el Concejo aún disponía: modificación de sentido de algunas calles y avenidas, nuevos canteros y “adornos” viales, o bien mega obras que nunca fueron aprobadas por los ediles como el Metrofé de Avenida Blas Parera.
Pero, ¿qué pasa cuando el Concejo sanciona ordenanzas en torno a cuestiones de control de fondos o recaudación municipal? Generalmente son vetadas. Sólo para enumerar algunas casos: nuevos plazos para que el Tribunal de Cuentas remita las cuentas de inversión anuales, modificaciones en las ordenanzas fiscal y tributaria, ordenanza que devolvía al Concejo la potestad de fijar costo de multas. Los vetos se hicieron frecuentes además en otras cuestiones como estacionamiento para médicos en el Hospital Iturraspe o la colocación de mamparas de seguridad para taxis y remises.
Cuando el intendente necesita la aprobación de cuestiones que no puede definir por sí solo, el método para lograrlo no es justamente el diálogo y el consenso. Corral solicitó un nuevo endeudamiento de 300 millones de pesos, con un listado de obras a ejecutar entre las que se encuentran algunos ítems llamativos: 2 millones de pesos para repintar sendas peatonales, una obra de fibra óptica en Blas Parera que ya está en ejecución, o conexión de gas para barrio Colastiné, que aún no tiene la obra troncal de la Provincia para poder concretarse. Ante esto, la oposición en el Concejo solicitó separar los montos e ir aprobando trabajo por trabajo de acuerdo a las necesidades y prioridades de la ciudad. Pero esto no conformó al Ejecutivo local. Como apremio, la municipalidad dejó de girarle regularmente los fondos que necesita el cuerpo para funcionar, acumulando al día de hoy una deuda por casi 14 millones de pesos. Según los propios ediles “es una herramienta de extorsión” para que se apruebe el endeudamiento.
Transparencia en el manejo de fondos e información pública.-
En cuanto a la información que es requerida por los ediles, y sobre todo cuando apunta a conocer cómo se administra el erario público, los pedidos de informe quedan dormidos en cajones sin tener respuesta alguna. De los 177 pedidos de informes presentados en su período, Corral tan solo contestó 41 (23%), por lo que están pendientes 136 respuestas por parte del Ejecutivo. Entre ellas: el manejo de fondos del programa de iniciativas comunitarias y cooperativas de trabajo, y la compra de un inmueble a un “militante barrial” denunciado por este medio, gastos por el Tren Urbano, gastos para el Super TC2000, accidente en los juegos infantiles de la plaza del Fonavi Centenario, obras cloacales en Barrio Los Hornos, escombros del Cementerio Municipal con restos humanos en las calles de Alto Verde, informes respecto al estado de los vehículos e instalaciones del Cobem, informes sobre la expansión de las instalaciones comerciales del grupo empresarial Coto, sólo algunos de los pedidos de informe que nunca contestó el Ejecutivo.
Justicia independiente.-
¿Qué pasa en Santa Fe cuando la justicia investiga a funcionarios municipales o la responsabilidad del municipio en algún hecho puntual? Por empezar, a pesar de que la gestión Corral ya protagonizó varios casos muy polémicos, es casi una odisea que un fiscal decida iniciar una investigación de oficio. Sin embargo cuando un funcionario judicial comienza un proceso de investigación, allí está el municipio para apartarlo y encargarse de que las causas caigan bien lejos.
En 2015, la fiscal Carolina Parodi comienza a investigar el accionar de la Guardia de Seguridad Institucional del municipio (GSI) por una serie de violentos episodios en los que personal municipal reprimió -sin tener ninguna potestad para hacerlo- a manifestantes que protestaban contra la instalación de cocheras privadas en un espacio público como el Parque Alberdi. Dentro del personal que cumple funciones encontramos ex policías exonerados como Hugo Gutiérrez, personas que se presentan en operativos con nombres truchos como Mario Martinez, quién en varios episodios (intento de desalojo en Villa Oculta) decidió llamarse Oscar, o el caso del empleado municipal armado que agredió a una mujer en la explanada del Hospital Cullen, o el guardia urbano que amenazó a un trapito con un arma y que incluso tenía dos antecedentes penales por intento de robo a mano armada, o Federico Miranda, el GSI que amenazó en vivo a un programa de radio y luego agredió a periodistas a la salida del mismo. Este es parte del personal que el intendente pareciera querer ocultar.
En el marco del proceso, Parodi solicita a la municipalidad un listado con nombres y apellidos de los empleados municipales que cumplían funciones en la GSI (algo que ya había sido requerido por el concejo, pero que nunca se contestó). La gestión radical no sólo hizo caso omiso al pedido de la Justicia, sino que instruyó al por entonces fiscal regional Ricardo Fessia para que apartase a la “curiosa” fiscal de la causa, orden que Fessia ejecutó a los pocos días.
Esta decisión del fiscal regional le costó luego una denuncia por abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Fessia, además, tenía en su pesar sospechas que lo vinculaban a una causa por abuso de menores en el norte provincial. Finalmente al funcionario judicial del riñón del radicalismo universitario le soltaron la mano y lo renunciaron en los últimos meses de la gobernación de Bonfatti.
Pero este caso no es el único, y a pesar de no contar con el brazo ejecutor de Fessia en la justicia, José Corral continúa apartando a los fiscales que requieren información. Caso reciente y emblemático es el de la misma funcionaria, Carolina Parodi, quién se encontraba a cargo de la causa que investiga la muerte de Pablo Daniel Gutscher, accidentado en plena obra del Metrofé una oscura noche en la que la señalética de la obra era casi inexistente. Lamentablemente el joven de 24 años golpeó un tacho de escombros con su moto y luego fue arrollado por un colectivo de la línea Recreo.
Como fiscal a cargo de la Unidad especializada en accidentes de tránsito, Parodi solicitó a la municipalidad el nombre de los funcionarios responsables de controlar que la obra se desarrolle con las medidas de seguridad necesarias. Nuevamente, la respuesta del ejecutivo local fue pedir el apartamiento de la fiscal, esgrimiendo filtraciones en la prensa, publicaciones en facebook de Parodi y su parentesco con un concejal del justicialismo. A pesar del absurdo de los motivos esgrimidos, el reemplazante de Fessia, Carlos Arietti, hizo lugar y apartó a Carolina Parodi de la causa.
El pedido fue firmado ni más ni menos que por el fiscal municipal, Dr. Federico Sedlacek, un funcionario público que debiera intervenir en aquellas causas del fuero civil y comercial en las que el erario público se viera comprometido, y no en causas penales como abogado patrocinador de funcionarios. En caso de así hacerlo, los funcionarios deberían pagar sus honorarios y no el Estado municipal.
Respeto por las instituciones, división de poderes, transparencia y justicia independiente: premisas que Cambiemos decidió impulsar como estandarte, al menos en lo discursivo. Resulta que en la práctica, algunos de sus referentes lejos están de gestionar bajo estos parámetros. Sin diálogo con la oposición, quita de fondos al Concejo cuando no se aprueba lo que el intendente requiere, apartamiento de los fiscales que investigan, veto a las ordenanzas que la oposición impulsa, diálogo solamente con la prensa “amiga”, información que se oculta y manejos poco claros de fondos públicos. No es el kirchnerismo, es la UCR. En Santa Fe, haz lo que yo digo, no lo que yo hago.
