El presidente Javier Milei firmó el veto total a la Ley Nº 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso el 21 de agosto. La decisión, publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 647/2025, frustra la posibilidad de un esquema estable de recursos para las universidades nacionales y bloquea la actualización salarial de docentes y no docentes.
El texto rechazado preveía una batería de medidas para garantizar el financiamiento del sistema público en todo el país: actualización automática por inflación, incremento de fondos para infraestructura, tecnología digital y becas, y fortalecimiento de la investigación y la extensión universitaria. También incluía un capítulo específico para la recomposición de las condiciones laborales de los trabajadores del sector.
El veto se produce en un clima de alta tensión política. La norma había sido impulsada por bloques opositores y alcanzó mayorías amplias en ambas cámaras, lo que se interpretó como un gesto de respaldo al sistema universitario en medio del ajuste presupuestario. La Casa Rosada respondió con un rechazo completo, en línea con su estrategia de limitar el gasto público y frenar iniciativas que surjan del Congreso.
Para las universidades, la medida supone un nuevo golpe. En distintas casas de estudio ya se anticipan movilizaciones y asambleas en defensa del financiamiento. Los rectores habían advertido que sin refuerzos presupuestarios se comprometen no solo el funcionamiento cotidiano y las becas, sino también la continuidad de carreras y programas de investigación.
El Gobierno, por su parte, ratifica su postura de priorizar el equilibrio fiscal por sobre el sostenimiento de partidas específicas. Con este veto, Milei envía una señal política clara: no aceptará que el Congreso defina compromisos de gasto que, según su visión, contradicen el rumbo económico de la gestión.
La disputa abre un escenario incierto para el sistema universitario público, que desde hace décadas constituye uno de los pilares de la formación profesional y científica en Argentina. El desenlace dependerá de la capacidad del Congreso para insistir con la norma y del nivel de presión social que generen las próximas protestas.
