El 7 de enero se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 4/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que derogó la Resolución 360/2024, la norma que había creado el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO) en mayo de 2024.
La resolución sostiene que el GEANRO “cumplió su rol” en la etapa de instalación del Plan Bandera y que, con “dispositivos permanentes” ya funcionando, corresponde reordenar funciones sin reducir el esfuerzo estatal, sino redistribuyendo medios y personal a sus fuerzas de origen. El texto menciona explícitamente al GOC-CENTRO, operativo desde marzo de 2024, y a una Mesa de Intercambio de Información creada en 2025 como parte del esquema.
El argumento central descansa sobre números: según el propio documento, Santa Fe pasó de 398 víctimas de homicidio en 2023 a 176 en 2024 (baja superior al 55%), y el departamento Rosario de 261 a 90 (baja superior al 65%); además, las personas heridas con arma de fuego en Rosario habrían caído de 801 a 353 entre 2023 y 2024.
Esos datos, al menos para 2024, encuentran respaldo en los informes del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, que describen 2024 como el registro provincial más bajo de la última década y detallan la caída de la violencia letal por departamento.
Qué cambió en los papeles
La misma Resolución 4/2026 recuerda que el Comando Unificado de Fuerzas Federales “Plan Bandera” fue creado por la Resolución 1027/2024, con foco en el departamento Rosario y tareas que abarcan delitos federales y ordinarios. En esa arquitectura, el GEANRO aparece como una herramienta de refuerzo investigativo, integrada por cinco fuerzas federales y orientada a colaborar con Justicia Federal, el Ministerio Público Fiscal y Procunar.
En el plano político, el Gobierno comunicó la medida como cierre de una fase y reorganización operativa, mientras que parte del debate público la leyó como “disolución” y otra como “reasignación” de funciones sin retiro de efectivos. Esa tensión de encuadre —más semántica que sustantiva— quedó reflejada en coberturas nacionales y locales con enfoques opuestos.
La pregunta que importa en Rosario
El punto sensible no es si existe o no un grupo con sigla propia, sino si cambia la cadena de mando efectiva y la velocidad de coordinación investigativa en territorio: la resolución promete continuidad operativa, pero no publica un “tablero” con metas, responsables y plazos que permita auditar si la redistribución mejora o degrada la respuesta.
Rosario ya mostró que los descensos estadísticos conviven con oscilaciones: incluso medios que destacan la caída de 2024 señalan que 2025 tuvo repuntes respecto del piso previo, aun lejos de los años récord de la década pasada. La estabilidad no se decreta: se sostiene con continuidad táctica y coordinación judicial.
En Santa Fe, el propio gobierno provincial habló de 204 homicidios en 2025 como cifra preliminar “en base a registros policiales”, y lo presentó como continuidad de los dos años “menos violentos del siglo”. Esa afirmación, por definición, requiere trazabilidad metodológica y consistencia interinstitucional con los reportes del OSP para que la conversación no se vuelva propaganda.
Riesgos y oportunidades de la “redistribución”
Hay una oportunidad real: evitar duplicaciones entre dispositivos federales, concentrar información y ordenar recursos humanos en una plaza donde cada fuerza compite por prioridades, casos y protagonismo. El texto oficial se apoya en esa lógica de eficiencia y en la existencia de estructuras regionales como el GOC-CENTRO.
El riesgo también es concreto: que la “redistribución” diluya un nodo especializado que funcionaba como interfaz con fiscales y justicia federal, justo en una ciudad donde la velocidad de intercambio de información es parte del resultado. La discusión llegó al Congreso con pedidos de informes que exigen precisiones sobre motivos, evaluación técnica y reemplazos operativos.
Si se quiere una respuesta verificable en 30 días, el test no debería ser retórico: cantidad de procedimientos relevantes bajo Ley 23.737 en Rosario, tiempos de respuesta a pedidos judiciales, continuidad de investigaciones complejas y evolución de heridos de arma de fuego, además del dato más obvio —homicidios— que suele llegar tarde para corregir decisiones.
