En 10 segundos:
Qué pasó: un inspector municipal fue golpeado tras detectar 0,76 g/l de alcohol en un conductor.
Qué cambia desde hoy: los detenidos siguen privados de libertad por orden del fiscal de Flagrancia.
A quién le pega: al esquema de controles nocturnos y a la seguridad de los agentes municipales.
Qué mirar ahora: la imputación formal y las imágenes de videovigilancia incorporadas a la causa.
Santa Fe, 20 de febrero de 2026.
El operativo era uno más dentro del esquema habitual de controles nocturnos en la capital santafesina. Punto estratégico, cruce de alto tránsito, presencia policial y monitoreo por cámaras. El resultado del test cambió el clima en segundos.
Un conductor de un Chevrolet Corsa fue sometido al control de alcoholemia en la intersección de avenida Freyre y bulevar Pellegrini. El dispositivo marcó 0,76 gramos de alcohol en sangre, por encima del límite permitido. A partir de ese momento, la escena dejó de ser administrativa y se volvió violenta.
Según fuentes policiales, el hombre reaccionó de manera irascible cuando se le indicó que descendiera del vehículo. Sus acompañantes se sumaron a la discusión. El intercambio verbal escaló rápidamente y terminó en agresión física. El inspector municipal de la Secretaría de Control recibió golpes y cayó al pavimento.
La intervención inmediata de efectivos de la Policía de Acción Táctica y de la Brigada Motorizada evitó que la situación pasara a mayores. Los tres hombres fueron reducidos y trasladados a la Estación Policial Centro, con sede en la Comisaría 3ª del barrio Candioti. El trabajador municipal, de 43 años, debió ser derivado a un sanatorio privado, donde quedó internado para su atención médica.
El episodio expone una tensión que atraviesa los controles de tránsito en la ciudad: la combinación de consumo de alcohol, nocturnidad y resistencia a la autoridad. En los últimos años, la Municipalidad reforzó operativos conjuntos con fuerzas provinciales para desalentar la conducción bajo efectos del alcohol. La estrategia combina puestos móviles, controles sorpresivos y monitoreo por cámaras públicas.
Esta vez, el dispositivo estaba desplegado en un sector monitoreado por el sistema de videovigilancia urbana. La fiscalía ordenó el secuestro de esas imágenes para incorporarlas al expediente. Ese registro será clave para reconstruir la secuencia y sostener la acusación.
El Ministerio Público de la Acusación intervino a través de la Fiscalía de Flagrancia. El fiscal dispuso que los tres aprehendidos continúen privados de la libertad, sean correctamente identificados y se les forme causa como presuntos autores de lesiones dolosas y amenazas. La calificación penal abre la puerta a una imputación formal en las próximas horas.
Más allá del caso puntual, el hecho impacta en la discusión sobre la seguridad de los agentes municipales que participan en controles. El esquema actual se basa en operativos mixtos, donde inspectores civiles cumplen la función administrativa y la fuerza policial garantiza el respaldo ante eventuales conflictos. La agresión vuelve a poner el foco en esa coordinación y en los protocolos de actuación ante reacciones violentas.
En términos normativos, el límite de alcohol permitido en la provincia rige como parámetro para la infracción administrativa. Superarlo implica sanciones económicas, retención del vehículo y posible inhabilitación para conducir. Lo que transforma un acta en causa penal es la violencia posterior.
El cruce de Freyre y Pellegrini no es casual. Es una arteria que conecta flujos de ingreso y egreso del macrocentro, con circulación constante incluso en la madrugada. Los operativos en ese sector buscan generar un efecto disuasivo visible.
La investigación ahora se concentrará en dos frentes: el estado de salud del inspector y la imputación judicial de los detenidos. Si la fiscalía considera acreditados los golpes y las amenazas, podría solicitar medidas cautelares adicionales.
El episodio deja una escena concreta: un control que detecta alcoholemia positiva y deriva en hospitalización de un trabajador público. También deja una pregunta más amplia sobre los límites sociales frente a la autoridad en la vía pública.
La respuesta institucional combinará sanción penal y continuidad de los operativos. En el corto plazo, la clave será la audiencia imputativa y la definición de la situación procesal de los tres hombres. En el mediano, la capacidad del Estado local para sostener controles sin que cada procedimiento se transforme en un escenario de riesgo.
