Una semana después del asesinato de Andrés «Pillín» Bracamonte, exlíder de la barra brava de Rosario Central, el caso se convierte en un termómetro incómodo para medir la eficacia de las instituciones judiciales y de la política de seguridad encabezada por Maximiliano Pullaro.
Mientras las balaceras y los ajustes de cuentas siguen marcando la agenda en Rosario, las promesas de coordinación entre Nación, Provincia y Municipio se enfrentan al escepticismo de una ciudadanía que, más allá de los nombres de las víctimas, exige resultados concretos.
La investigación, que permanece bajo estricta reserva, no solo busca esclarecer el ataque que dejó a Bracamonte y a Daniel «Rana» Atardo muertos, sino que también pone bajo la lupa su accionar en una trama de delitos que incluye lavado de activos y homicidios.
Con avances lentos, hipótesis abiertas y un sistema cuestionado, el asesinato de «Pillín» no solo expone las grietas de la seguridad en Santa Fe, sino que plantea una pregunta de fondo: ¿cómo reconstruir la confianza en un entramado que parece tambalear ante el poder de las balas?
Pullaro, quien asumió con promesas de firmeza y eficacia, enfrenta un desafío crítico: demostrar que este caso no será otro expediente olvidado en una provincia que clama por un cambio real en su seguridad.
