Constitución santafesina: la Caja queda blindada, Malvinas suma consenso y se abren vías de participación

Santa Fe, 30 de agosto de 2025. En las primeras horas del sábado, la Convención Constituyente cerró por amplia mayoría un nuevo tramo de la reforma. El dato político: la Caja de Jubilaciones quedó declarada intransferible y con movilidad garantizada; se alcanzó unanimidad en la reivindicación de soberanía sobre Malvinas y en la cláusula democrática. El resultado sobre la Caja fue 50 votos a favor, 8 en contra (La Libertad Avanza) y 7 abstenciones (Somos Vida y Libertad).

Un consenso que ordena el tablero
El blindaje previsional expresa una definición sobre el rol del Estado y responde a un clima local de defensa de lo público. Llegó tras tensiones internas en Unidos —con posiciones divergentes entre socialismo y PRO— y la presión de gremios estatales y bloques peronistas. El texto consagra un régimen público y solidario, con recursos intangibles, sin posibilidad de privatización ni traspaso a Nación.

Participación ciudadana con rango constitucional
Por primera vez, la Constitución provincial sumará herramientas concretas de democracia semidirecta. Se incorpora la iniciativa popular, que habilita a la ciudadanía a presentar proyectos de ley (con exclusiones en materias sensibles). Se establece el referéndum vinculante por mayoría absoluta de ambas Cámaras, con voto obligatorio y resultado de cumplimiento obligatorio.

La consulta popular podrá ser convocada por Ejecutivo o Legislativo sobre temas de interés general; el voto será optativo y el resultado, no vinculante. Se incorpora la revocatoria de mandato para funcionarios provinciales por incumplimiento grave, activable con el 25% del padrón y aprobable con más del 50% de los votos; su instrumentación requerirá ley. Además, se fortalecen las audiencias públicas, obligatorias antes de leyes sobre ambiente y servicios públicos.

Cláusula Malvinas y cláusula democrática
Con apoyo de todos los bloques —incluida La Libertad Avanza— se aprobó la cláusula que reafirma de modo irrenunciable la soberanía sobre los archipiélagos del Atlántico Sur, la proyección antártica y la plataforma continental. También se sancionó por unanimidad la cláusula democrática, que declara nulo cualquier intento de quebrar el orden institucional, consagra el derecho de resistencia y dispone inhabilitación perpetua para responsables de golpes de Estado.

Reglas fiscales, seguridad y servicios públicos
El nuevo texto fija un régimen tributario y de responsabilidad fiscal: el crédito tendrá fines específicos; sus usos en gastos corrientes quedarán limitados a urgencias; no habrá tributos sin ley expresa y las tasas deberán guardar proporcionalidad con los servicios. En seguridad pública, se consagra el derecho a vivir en entornos físicos y digitales seguros, se ratifica la responsabilidad indelegable de la Provincia y se ordenan pautas de profesionalización, control y transparencia.

En servicios públicos, la Constitución exige marcos regulatorios que garanticen calidad y continuidad, y reconoce la participación de usuarios; además, declara a estos servicios estratégicos para el desarrollo sostenible. Se eleva a rango constitucional la existencia de colegios y consejos profesionales creados por ley.

Federalismo de concertación y mirada productiva
El capítulo de federalismo de concertación promueve regiones interprovinciales, declara estratégica la actividad portuaria y faculta a la Provincia a celebrar convenios internacionales en materias no delegadas. Se introduce, además, la obligación de que las políticas públicas se planifiquen y evalúen con base en datos y evidencia, considerando los datos públicos como bienes estratégicos.

Lo que cambia desde ahora
La reforma eleva el estándar institucional y abre un canal más participativo para la toma de decisiones. El techo de exigencia no es menor: la revocatoria pide un piso alto (el 25% del padrón, más de 700.000 firmas, según estimó Rubén Giustiniani), lo que podría volverla excepcional. El verdadero test estará en la implementación: reglamentaciones claras, capacidades de control y una cultura de transparencia que convierta los principios en políticas medibles.

 

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