La diputada nacional Lucila De Ponti y el concejal Eduardo Toniolli del Frente para la Victoria (FPV) presentaron hoy un recurso de amparo ante la Justicia Federal de Santa Fe para que se declaren inconstitucionales dos decretos firmados por el presidente Mauricio Macri.
Se trata de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) mediante los cuales el gobierno nacional pretende transferir las escuchas del Ministerio Público al ámbito de la Corte Suprema y suspender la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación.
La legisladora y el edil rosarino fueron acompañados por grupo de dirigentes políticos, sociales y gremiales de la provincia. De Ponti consideró que «mediante estos decretos se erosiona la división de poderes, en un país donde el presidente toma decisiones importantes de manera unilateral, ignorando la Constitución Nacional, que dispone claramente que el Poder Ejecutivo no puede dictar DNU en materia penal».
Y agregó: «En el amparo presentado se pide que se declaren inconstitucionales los dos DNU, porque en el inciso 3ero de su artículo 99, que regula los DNU, dice claramente que los mismos no pueden ser utilizados por el Ejecutivo para intervenir en materia penal. Además, en su artículo 120, la Constitución garantiza la independencia del Ministerio Público, independencia que se vería menoscabada con estos decretos.»
Por último, el concejal Toniolli, referente del Movimiento Evita en Rosario, dijo que «Macri ya ha decidido gobernar desconociendo al Poder Legislativo, pactando o sometiendo al Poder Judicial, y en estricto cumplimiento de los intereses de determinados poderes fácticos como las corporaciones mediáticas, el complejo agroexportador, y otros actores del poder económico nacional y transnacional».
En su primer mes de gestión, Macri dictó cuatro decretos de necesidad y urgencia (DNU) y planea seguir, en una marca que ninguno de sus antecesores en la presidencia alcanzó en ese período, ni siquiera el matrimonio Kirchner, adalid de los DNU. El FPV adelantó que los rechazará no bien arranquen las sesiones ordinarias en el Congreso -hoy en receso-, mientras que entre los socios del oficialismo se observa cierta incomodidad por el uso reiterado de una herramienta que la Constitución consagra sólo para casos de emergencia nacional.
Pero el Gobierno no parece dispuesto a ceder. «El Congreso va a empezar a sesionar normalmente en marzo y a partir de ese momento las iniciativas del Gobierno van a pasar por su lugar natural, que es el Legislativo. Mientras tanto, gobernamos legítimamente a través de los decretos», dijo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio
