La Provincia decidió empujar una idea que, por definición, va a chocar con una pregunta incómoda: ¿cuánto poder operativo se habilita cuando un delito “aparece” primero en una pantalla? La llamada “flagrancia virtual” busca acortar tiempos entre el hecho, la identificación y la intervención. Es una apuesta por velocidad. Y toda apuesta por velocidad exige, en paralelo, un sistema de frenos visible.
En términos políticos, el planteo es simple: si una cámara y su analítica permiten reconstruir en minutos quién hizo qué y hacia dónde fue, el Estado quiere actuar antes de que se enfríe la escena. Ahí entra el protocolo: convertir una detección tecnológica reciente en disparador de medidas urgentes.
El problema no es la tecnología en sí. El problema es su gobernanza. La discusión real se abre en tres puntos que suelen quedar fuera de los anuncios: qué ventana temporal entra en “reciente”, qué estándar de certeza se exige para atribuir una conducta a una persona, y qué rastro documental queda para que un fiscal o un juez revisen —después— si la intervención fue razonable.
Hay un riesgo obvio que en seguridad se paga caro: el error. Identificaciones equivocadas, sesgos por calidad de imagen, confusiones en zonas de alto tránsito, y el “arrastre” de una hipótesis inicial que termina justificando todo lo que viene después. Si la cadena empieza con una inferencia de software, la trazabilidad tiene que ser más estricta, no más laxa.
También hay una tensión institucional inevitable: acelerar no puede significar degradar el control. Si el mecanismo termina habilitando decisiones intrusivas sin una supervisión clara, el costo no es solo jurídico: es de legitimidad. Y en Santa Fe, donde el tema seguridad ya está saturado de promesas, la legitimidad es el activo que más rápido se evapora.
Lo que se juega, entonces, no es un debate técnico entre especialistas. Es un cambio en la forma de ejercer el poder cotidiano sobre la calle: quién decide, con qué evidencia, con qué registro, y con qué rendición de cuentas. Si la Provincia quiere que la herramienta sobreviva al primer caso polémico, va a necesitar algo más que cámaras: reglas públicas, auditorías, estadísticas de desempeño y un esquema de control que no dependa de la confianza sino de procedimientos verificables.
