La sequía dejó de ser un fenómeno climático para convertirse en un asunto político estructural. Tras tres años de precipitaciones por debajo del promedio, Santa Fe reordenó sus prioridades: los acueductos desplazaron a las rutas en la agenda de obras y los intendentes aprendieron que hablar de agua —tenerla o no tenerla— es, hoy, hablar de poder.
Según registros del Servicio Meteorológico Nacional y del Observatorio Provincial de Suelos, las lluvias de 2025 fueron un 50 % menores al promedio histórico en buena parte del centro y norte santafesino. La consecuencia inmediata fue la declaración de emergencia agropecuaria en departamentos como 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Cristóbal. Pero el impacto más profundo se vio fuera del campo: pozos que bajaron, cooperativas que racionaron consumo y barrios periféricos de las grandes ciudades que convivieron con presión mínima en la red.
El Gobierno provincial reaccionó con un giro de enfoque. Lo que hasta hace poco se comunicaba como “infraestructura estratégica” hoy se presenta como soberanía hídrica. En esa narrativa se apoyan obras como el Acueducto Desvío Arijón – San Vicente, con un avance superior al 90 % y capacidad para abastecer a unas 7.200 personas, o el Acueducto San Javier – Tostado, que comenzó su segunda etapa en julio. En paralelo, se aceleraron defensas urbanas y drenajes, como el terraplén Garello en Santa Fe capital, para contener crecidas del Paraná cuando el ciclo seco cambie.
Esa redistribución de fondos generó nuevas tensiones internas. Presidentes comunales del norte reclaman que los recursos se concentran en los corredores urbanos, mientras las ciudades del centro acusan a la Nación de frenar transferencias clave. El mapa político del agua exhibe una fractura transversal: los municipios que pueden financiar pozos o plantas modulares y los que dependen del presupuesto provincial para cada metro de cañería.
El gobernador Maximiliano Pullaro instaló el tema en su discurso público: “El agua es el nuevo límite de desarrollo”, repite en actos y recorridas. La frase funciona como definición de época y también como advertencia: sin una estrategia común entre provincias, el conflicto por el caudal del Río Salado —que nace en Santiago del Estero y cruza el noroeste santafesino— puede replicar la lógica de disputa del Paraná en años anteriores.
A la vez, el desafío no es solo ingeniería. En Santa Fe capital y Rosario crece la brecha entre quienes acceden a redes estables y quienes dependen de camiones cisterna o conexiones precarias. La escasez rural y la inequidad urbana se tocan: en ambos extremos, el agua deja de ser un servicio y se vuelve privilegio. Para los especialistas del Instituto Nacional del Agua, esa desigualdad anticipa la próxima frontera del conflicto ambiental.
El desplazamiento de prioridades ya se percibe en el presupuesto 2026, donde las partidas hídricas crecen por encima del promedio de la obra pública. Los intendentes lo leen como un cambio de ciclo: la política del agua reemplaza al asfalto como lenguaje de campaña. El costo es visible: proyectos viales demorados, contratistas en pausa y obras menores que ceden espacio a los grandes ramales que prometen futuro.
La sequía, sin embargo, no espera cronogramas. Los pronósticos de los próximos meses anuncian lluvias todavía por debajo de lo normal, lo que pondrá a prueba la eficacia de los nuevos acueductos y la coordinación entre ministerios. En el fondo, el desafío es más profundo: pasar de administrar crisis a gestionar recurso.
El agua se volvió espejo de la política santafesina. Muestra quién planifica y quién reacciona, quién invierte y quién administra escasez. Si la provincia logra sostener una estrategia sostenida —más técnica que discursiva—, el mapa de poder puede cambiar tanto como el curso de los ríos que la atraviesan.
