El anuncio del ministro Pablo Cococcioni ante la Comisión de Seguridad de Diputados cerró una etapa que había dominado el primer año de gestión: el Ejecutivo no buscará extender de manera integral la emergencia en seguridad. El mensaje, más político que administrativo, insinúa que la Provincia se siente en condiciones de abandonar el estado de excepcionalidad que acompañó el inicio del mandato.
La señal llega en un momento particular. La emergencia, votada en diciembre de 2023 y prorrogada durante un año, concentró facultades extraordinarias para agilizar decisiones en medio de una crisis profunda de violencia y crimen organizado. Con su vencimiento a la vista, la reunión con la comisión que preside la diputada radical Ximena García funcionó como escenario para ordenar la conversación con la Legislatura y recalibrar expectativas.
Cococcioni transmitió que el Ejecutivo solo pretende sostener un aspecto puntual: las facultades especiales para avanzar con la reincorporación de personal retirado. En el resto —compras, contrataciones y obras— la cartera considera que ya existe margen para trabajar bajo un esquema planificado, sin el marco excepcional que rigió hasta ahora. El movimiento desplaza el debate desde la urgencia hacia una etapa de mayor previsibilidad administrativa.
García destacó la continuidad del diálogo entre ministerio y cámara baja. Recordó el paquete de leyes aprobado al inicio de la gestión y planteó que la comisión buscaba conocer cómo habían impactado esas herramientas en indicadores y políticas públicas. Ese intercambio, habitual desde hace meses, adquiere ahora una dimensión distinta: deberá sostenerse sin la cobertura de la emergencia, con decisiones que vuelven al cauce ordinario.
El fin de la excepcionalidad abre una pregunta que dominará las próximas semanas: cómo se ordenará el tablero político sin un instrumento que permitió acelerar procesos y concentrar decisiones. La Provincia apuesta a que el funcionamiento regular alcance para sostener la agenda de seguridad; el Legislativo, a mantener un control más cercano sobre la aplicación de las facultades que permanezcan vigentes.
