El nuevo esquema de subsidios que la Casa Rosada aplicará desde enero redefine quiénes serán considerados hogares vulnerables y quiénes quedarán fuera de toda asistencia. En Santa Fe, donde la distribución eléctrica depende en gran parte de la Empresa Provincial de la Energía, la medida se traducirá en un aumento directo del costo de la energía para la clase media.
El cambio importa porque rompe el mapa construido en los últimos años y deja solo dos categorías de usuarios residenciales: quienes recibirán ayuda estatal y quienes pagarán la tarifa plena. La línea que divide ambos grupos será estricta: ingresos familiares declarados que no superen los 3,6 millones de pesos mensuales y un límite acotado de bienes.
La provincia no definirá los parámetros ni absorberá la diferencia. La EPE debe trasladar el precio mayorista fijado en Buenos Aires y, por lo tanto, el impacto recaerá sobre los hogares que hasta ahora integraban el nivel N3 del RASE, creados para identificar a los sectores medios. Esos usuarios pasarán a pagar la energía con los valores más altos, sin el porcentaje de subsidio que se mantenía en su factura.
Para dimensionar el efecto conviene mirar la composición actual de las boletas. En los segmentos de mayor poder adquisitivo, la energía como insumo representa cerca de un tercio del valor total, mientras que para los hogares de menores ingresos el componente energético apenas ocupa una fracción. Pero en el grupo medio —el que perderá beneficios— la proporción crece y se combina con un peso significativo de impuestos y cargos fijos del servicio de distribución.
La decisión nacional se sostiene en un objetivo fiscal concreto: reducir el gasto anual en subsidios, estimado en alrededor de 3.000 millones de dólares, y llevarlo a cerca de 2.000 millones. Con esa meta, el esquema heredado de tres niveles será reemplazado por una matriz binaria donde solo quedarán dentro de la asistencia los hogares con ingresos bajos y patrimonio limitado.
El cambio también abre interrogantes en zonas donde el consumo eléctrico crece con fuerza en verano y donde el gas por redes no es la fuente principal de calefacción. Los anuncios oficiales anticipan que la transición será gradual, pero dejan abierto cómo se amortiguará la suba para los usuarios que hoy destinan una parte creciente de su presupuesto a servicios básicos.
El Gobierno convocará a una audiencia pública antes de ejecutar la recategorización y allí se conocerán los valores que regirán desde 2026. Lo que empieza a perfilarse es un mapa donde la discusión dejará de girar en torno a aumentos puntuales y pasará a centrarse en la capacidad real de los hogares medios para absorber un salto de costos que no tendrá contrapeso provincial.
