La audiencia imputativa contra catorce policías de Rosario volvió a mostrar un patrón que incomoda al sistema de seguridad provincial: la estructura encargada de prevenir delitos terminó facilitando una maniobra que, según la fiscalía, desvió fondos millonarios durante años bajo el amparo de controles débiles. El caso estalló por el combustible de patrulleros, pero la dimensión real es otra: la incapacidad del Estado para monitorear sus propios circuitos administrativos.
La acusación del fiscal José Luis Caterina apunta a jefes que manejaron áreas centrales de la Unidad Regional II, entre ellos Daniel Acosta, quien estuvo al frente de la fuerza hasta mayo. Según la investigación, la operatoria se sostenía sobre dos pilares: sobrefacturación sistemática mediante tarjetas de carga oficiales y una connivencia con una estación de servicio donde se concentraban las transacciones. La maniobra habría operado durante dos años sin que los circuitos internos detectaran irregularidades.
Para Rosario, el impacto institucional es evidente. La provisión de combustible es el parámetro mínimo que permite medir cuánto patrulla realmente una fuerza policial. Si ese insumo queda en manos de una estructura frágil, se desdibuja cualquier intento de evaluar la presencia efectiva en las calles. La caída de altos mandos implica, además, una pérdida de continuidad en un momento en que la ciudad exige resultados concretos frente al crimen organizado.
En mayo, una primera tanda de allanamientos ya había expuesto la magnitud del problema. Aquella vez, 38 domicilios fueron inspeccionados en Rosario y la región, con sospechas de un desvío frecuente que se medía en decenas de millones por mes. Esta segunda etapa amplió responsabilidades y dejó detenidos a ex jefes de áreas operativas clave, desde el Comando Radioeléctrico hasta la Policía Motorizada. El avance procesal de hoy definirá si algunos continúan detenidos, si se agravan cargos o si se sostiene la imputación por asociación ilícita y administración fraudulenta.
En paralelo, los defensores advierten que el caso adquirió una dimensión política que condiciona expectativas. Para algunos abogados, la visibilidad pública y la presión social complican la posibilidad de un proceso sin ruido externo. El desafío es que la causa avance sobre pruebas y no sobre la lectura que cada sector hace del impacto del expediente en la agenda pública.
Más allá de lo judicial, la pregunta de fondo es otra: cómo construir un sistema de control que no dependa exclusivamente de la honestidad individual. La administración de recursos para patrullaje —combustible, mantenimiento, horas adicionales— sigue siendo un punto ciego en la arquitectura estatal. Sin auditorías automáticas, reportes cruzados ni trazabilidad diaria, los desvíos se vuelven posibles, silenciosos y difíciles de detectar hasta que escalan.
La investigación continuará durante semanas con el análisis de documentación y la reconstrucción de movimientos financieros. Pero lo que ocurra en tribunales es solo una parte del cuadro. Para Rosario y para la provincia, el verdadero desafío será diseñar un sistema que impida que la estructura que debe brindar seguridad vuelva a quedar expuesta a sus propias vulnerabilidades administrativas.
