La Convención Reformadora completó los dictámenes de sus cinco comisiones y dejó listo el borrador que la Comisión Redactora ordenará antes del debate final en el plenario. El paquete habilita una reelección para todos los cargos —incluida la del gobernador Maximiliano Pullaro—, elimina el “premio de mayoría” en Diputados, restringe los decretos de urgencia y actualiza derechos con foco digital, ambiental y de participación. Si se aprueba, la provincia modificará reglas con impacto en representación política, justicia y vida municipal.
La novedad más visible en la “sala de máquinas” es doble: una sola reelección para Ejecutivos y Legislativos (contando el actual mandato del gobernador como primero) y fin de la mayoría automática de 28 bancas en Diputados; el reparto pasará a D’Hondt puro, lo que obliga a acuerdos legislativos sostenidos. Con los resultados de 2023, el oficialismo tendría 17 de 50 bancas, no 28. También se amplía el período de sesiones y se cierran los decretos de necesidad y urgencia.
En justicia, el dictamen fija una Corte de siete miembros con cese a los 75 años y crea un Ministerio Público extrapoder dividido en persecución penal y defensa, con titulares por cinco años renovables una vez. Para cubrir vacantes, se crea un Consejo Asesor de Selección que funcionará en el ámbito del Ejecutivo, con concursos previos y listas de aspirantes; el Gobernador seguirá enviando pliegos a la Asamblea Legislativa. El juzgamiento disciplinario de magistrados y funcionarios del Ministerio Público se hará con tribunales ad hoc mixtos.
El municipalismo da un salto: autonomía efectiva para todas las localidades, cartas orgánicas en comunas de más de 10.000 habitantes mediante convenciones estatuyentes y formalización de áreas metropolitanas para coordinar movilidad, ambiente y hábitat. Una cláusula fiscal amarra competencias con recursos y ordena una ley de coparticipación con criterios explícitos. La reelección local replica el límite provincial (una sola).
Se incorporan mecanismos de participación: iniciativa popular (con exclusiones taxativas), referéndum vinculante convocado por la Legislatura, consulta popular no vinculante y revocatoria de mandato. Se vuelven obligatorias las audiencias públicas antes de leyes de ambiente y servicios públicos, y se robustecen cláusulas de ética pública y transparencia. La Comisión Redactora consolidará estos textos para su tratamiento en el recinto.
El capítulo de derechos y garantías se actualiza: separación Iglesia–Estado; libertades de expresión y de prensa reforzadas; derechos digitales (conectividad asequible, privacidad, ciberseguridad, transparencia algorítmica), ambiente y clima (principios de prevención y acceso a la justicia), agua como bien colectivo, consumidores y usuarios con acciones colectivas, cultura y memoria. Se agilizan acciones constitucionales y se incorporan estándares de trabajo decente, incluida la desconexión digital.
Qué cambia en la práctica. En lo político, un Ejecutivo reelecto gana horizonte pero deberá negociar cada ley en una Cámara sin premio de mayoría; el costo de gobernabilidad se traslada a coaliciones estables y agendas comunes. En lo judicial, la autonomía orgánica del Ministerio Público convive con una llave política en la selección de autoridades: el desafío será blindar concursos y evitar capturas. En lo local, la autonomía exigirá cartas orgánicas consistentes y coparticipación con reglas; sin financiamiento, el diseño queda en papel. En derechos, hará falta reglamentar estándares —por ejemplo, evaluaciones de impacto algorítmico— para que no sean promesas declarativas.
Lo que sigue. La Comisión Redactora debe pulir texto, ordenar capítulos y preparar el plenario. La aprobación final requerirá conteo fino de votos y, luego, leyes de implementación (selección de magistrados, coparticipación, participación ciudadana). La reforma ofrece un mapa: más negociación política, municipios con caja y competencias claras, y un catálogo de derechos del siglo XXI. La prueba será convertirlo en ruta.
