En 10 segundos:
-
Qué pasó: seis personas serán imputadas por maltrato infantil tras la difusión de audios y videos en un jardín maternal.
-
Qué cambia desde hoy: la causa entra en etapa judicial con audiencia imputativa y peritajes a celulares.
-
A quién le pega: familias afectadas, sistema educativo inicial y controles estatales.
-
Qué mirar ahora: calificación legal, medidas cautelares y responsabilidades institucionales.
Villa Constitución, enero de 2026.
La investigación por maltrato infantil en el jardín maternal “Manitos a la obra” dio un paso decisivo. Tras la difusión pública de audios y videos que registran episodios de violencia verbal y física contra niños, la Fiscalía citó a seis personas a audiencia imputativa. Se trata de tres responsables del establecimiento y tres auxiliares que deberán comparecer este viernes ante la Justicia.
El avance se produjo luego de una serie de allanamientos realizados el miércoles, autorizados por el juez Eugenio Romanini. Fueron ocho procedimientos en distintos domicilios de Villa Constitución y uno en la ciudad de San Nicolás. En ese marco, los investigadores secuestraron seis teléfonos celulares que serán peritados para ampliar el material probatorio ya incorporado al legajo.
La causa está a cargo del fiscal Ramiro Martínez, quien impulsó las medidas tras recibir denuncias de madres y padres del jardín. Las presentaciones incluyeron registros audiovisuales en los que se escuchan gritos, burlas y se observan zamarreos a niños en situación de llanto, escenas que precipitaron la clausura inmediata del establecimiento.
Según la información judicial, la imputación alcanzará a tres personas con responsabilidades directas en la conducción del maternal y a tres auxiliares. La calificación legal que se evalúa incluye maltrato infantil y lesiones leves, aunque la tipificación definitiva se conocerá durante la audiencia.
El jardín funcionaba desde marzo de 2024. De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, existiría material registrado al menos desde octubre del año pasado. Parte de esos registros habrían sido realizados por auxiliares, quienes luego explicaron que buscaban reunir pruebas para denunciar los hechos. Las familias cuestionaron que no se les haya informado antes, lo que habría permitido retirar a los niños y evitar nuevos episodios.
Una de las madres denunciantes relató que cuenta con audios en los que una docente describe golpes a su hija y que esos mensajes circulaban en un grupo interno del personal. También indicó que se compartieron videos donde se observa a la niña en crisis como consecuencia del maltrato. Esos elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía.
El caso generó conmoción en la ciudad y reabrió un debate sensible sobre los controles en instituciones de primera infancia. La clausura del jardín fue una medida administrativa inmediata tras la difusión del material, pero el foco ahora está puesto en la respuesta judicial y en las eventuales responsabilidades penales.
Desde la puerta del establecimiento, madres y padres reclamaron sanciones ejemplares. Pidieron que el jardín permanezca cerrado y que las docentes involucradas pierdan la matrícula para ejercer. El reclamo apunta no solo a castigar los hechos denunciados, sino a evitar que situaciones similares se repitan en otros ámbitos.
En términos procesales, los allanamientos permitieron asegurar dispositivos que podrían contener más registros o comunicaciones relevantes. Los celulares serán peritados para determinar la extensión de los hechos, la participación de cada imputado y la cronología de los episodios denunciados. Ese resultado será clave para la acusación.
La investigación también pone bajo la lupa los mecanismos de habilitación y supervisión. Si bien la causa penal se centra en conductas individuales, el impacto institucional del caso obliga a revisar protocolos, controles y canales de denuncia para familias y personal.
Para la Fiscalía, el desafío inmediato es ordenar la prueba, avanzar con las imputaciones y definir medidas cautelares. Para las familias, el proceso judicial aparece como el único camino para obtener respuestas y garantías de no repetición.
El caso de Villa Constitución se inscribe en una discusión más amplia sobre el cuidado en la primera infancia y la capacidad del Estado para prevenir, detectar y sancionar el maltrato. La audiencia de este viernes marcará el inicio formal de esa etapa judicial.
