El primer movimiento económico del año no llegó con un anuncio ni con una conferencia. Llegó directo al surtidor. Desde el 1° de enero rige una nueva actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, aplicada de manera parcial pero suficiente para encarecer la nafta y el gasoil en todo el país.
En Santa Fe, donde el auto y el transporte no funcionan como consumo discrecional sino como herramienta básica, el impacto no se mide en porcentajes. Se mide en trayectos que se acortan, cargas que se postergan y cuentas que vuelven a hacerse. El aumento se siente rápido porque no admite intermediaciones: cada litro comprado refleja una decisión fiscal tomada lejos del mostrador.
El efecto inmediato es conocido, pero no por eso menor. Suben los costos de traslado y, con ellos, los de la logística cotidiana: repartos, fletes, viajes interurbanos, aplicaciones de transporte, taxis, remises, producción primaria. En una provincia extensa, con distancias reales entre centros urbanos, cualquier variación en el combustible se amplifica. No queda encapsulada en el sector energético; se filtra en toda la cadena.
Hay además un plano menos visible, pero decisivo: la previsibilidad. El esquema elegido vuelve a diferir parte de la actualización impositiva, lo que instala una expectativa de nuevos ajustes en el corto plazo. Esa lógica, más que el monto puntual, introduce incertidumbre en la planificación básica. Cuando el costo de moverse se vuelve una variable móvil, la economía doméstica entra en modo defensivo: se recalculan recorridos, se prioriza lo imprescindible, se posterga lo que puede esperar.
En ese contexto, el consumo de combustibles deja de ser un termómetro neutro. Las señales de retracción que ya se venían observando tienden a profundizarse o a desplazarse hacia opciones más baratas. Ese corrimiento no es inocuo: afecta la recaudación, la actividad y la circulación, con un impacto mayor en zonas periféricas y economías locales más frágiles.
El aumento de la nafta abre así el año con una discusión que excede largamente la política energética. Vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para enero: cuánta estabilidad real tiene el costo de lo básico en los próximos treinta días. En Santa Fe, donde la movilidad es parte estructural de la vida productiva y social, esa respuesta no se busca en un comunicado oficial. Se busca, cada mañana, al girar la llave y mirar el tablero.
