Santa Fe, 30 de agosto de 2025. Los abogados de Maximiliano Pullaro solicitaron que el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain sea condenado a 10 años de prisión en la causa por presunto espionaje ilegal y perfilamiento de dirigentes. El planteo llega cuando la Fiscalía de Delitos Complejos —que en noviembre anticipó que pediría 11 años— insistió en elevar el caso a juicio. Además de Sain, serán juzgados ex funcionarios de su equipo durante la gestión de Omar Perotti.
Una apuesta de alto voltaje
El movimiento de Pullaro busca fijar una frontera política: separar su gobierno de prácticas de inteligencia cuestionadas y anclar el discurso de orden en un estándar judicial. El costo es evidente: si el proceso se demora o concluye sin condenas, la judicialización puede volverse en su contra. Si avanza con pruebas sólidas, refuerza liderazgo y disciplina interna en el sistema político.
Qué se juzga
La hipótesis fiscal describe una asociación ilícita dedicada a confeccionar perfiles de actores políticos, empresariales y sociales mediante el uso indebido de bases públicas y privadas entre 2019 y 2021. En el banquillo, además de Sain, estarán Nadia Schujman, Débora Cotichini, Germán Montenegro, Pablo Álvarez, Diego Rodríguez y Milagros Bernard, con distintos grados de participación presunta.
El mensaje hacia adentro
Para el oficialismo, el caso ordena una narrativa: seguridad sí, inteligencia sin control no. Hacia la administración, implica blindar procedimientos, registrar accesos a datos sensibles y establecer auditorías externas. Para la oposición peronista, obliga a decidir si defiende la gestión pasada o si marca distancia, asumiendo el costo de reconocer desvíos.
Impacto institucional
Aunque la sentencia demorará, la política ya discute el “día después”: protocolos de trazabilidad en consultas de bases, manuales de uso para el Organismo de Investigaciones y la ACP, y un tablero de control parlamentario que no dependa del signo de gobierno. La provincia necesita reglas estables que sobrevivan a los ciclos electorales.
El tablero electoral
En el corto plazo, el expediente reordena alianzas y discursos. En el mediano, puede incidir en candidaturas y coaliciones: nadie querrá cargar con costos de impunidad percibida ni con apuestas punitivas sin sustento. Las campañas se moverán del eslogan a la gestión verificable: métricas de seguridad, transparencia y resguardo de datos.
Lo que mira Santa Fe
Tres variables definirán el efecto político: la velocidad del proceso oral, la consistencia probatoria que sostenga (o no) la acusación y la capacidad del sistema de control para convertir el caso en reformas concretas. Con condena o sin ella, el estándar que emerja marcará cómo se hace inteligencia criminal en la provincia durante la próxima década.
