En un acto rodeado de formalidad y optimismo institucional, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, promulgó la ley de necesidad de la Reforma Constitucional, abriendo el camino hacia la actualización de la Carta Magna provincial. Acompañado por senadores, la vicegobernadora Gisela Scaglia y miembros de su gabinete, Pullaro destacó la importancia de este hito como un paso hacia la modernización de las instituciones. Sin embargo, mientras la clase política celebra, el interés ciudadano por esta iniciativa sigue siendo, en el mejor de los casos, tibio.
¿Una reforma para quién?
A pesar de la relevancia histórica del anuncio, el debate sobre la Reforma Constitucional parece no haber calado en las prioridades de la sociedad santafesina. Mientras la inseguridad, el empleo y la inflación dominan las preocupaciones cotidianas, la modificación de la Carta Magna aparece como un tema lejano, casi ajeno a las urgencias reales. Este gap entre los objetivos políticos y las demandas sociales plantea interrogantes sobre la desconexión entre quienes legislan y quienes los eligen.
“El desafío que tenemos ahora es inmenso”, declaró Pullaro durante el acto, aludiendo al proceso que se avecina. Sin embargo, no es la primera vez que se promueven reformas de este tipo sin un verdadero compromiso para generar espacios de participación ciudadana efectivos. Si bien el gobernador destacó la “capacidad de diálogo” entre el Ejecutivo y el Legislativo como un logro de su gestión, poco se dijo sobre cómo este proceso se traducirá en beneficios concretos para la ciudadanía.
Una reforma bajo la lupa
La ley habilita la convocatoria a una Convención Constituyente y la posibilidad de incorporar derechos emergentes y modernizar las instituciones. Sin embargo, las experiencias previas en otros contextos muestran que estos procesos, aunque valiosos en el papel, suelen convertirse en escenarios de tensiones políticas y agendas partidarias que diluyen su impacto real.
En Santa Fe, la falta de un debate amplio y público previo a la promulgación de la ley refuerza la percepción de que esta reforma es más un triunfo político que una respuesta a demandas ciudadanas. Los problemas estructurales, como la inseguridad o la falta de oportunidades, rara vez se abordan con la profundidad que requieren, dejando a la sociedad con la sensación de que las prioridades políticas no coinciden con las suyas.
Optimismo político, desinterés ciudadano
El acto culminó con gestos de unidad y promesas de futuro, pero el desafío real radica en conectar este proyecto con las demandas cotidianas de la sociedad. Sin participación activa ni resultados concretos, la Reforma Constitucional corre el riesgo de quedar como un logro simbólico más en la historia de una provincia que sigue esperando soluciones reales a sus problemas más urgentes.
Si la clase política no logra reducir la brecha entre sus agendas y las necesidades de la población, iniciativas como esta solo profundizarán la desconexión entre gobernantes y gobernados, dejando a Santa Fe con una Carta Magna actualizada, pero sin la legitimidad social necesaria para sostenerla.
