El conflicto entre los trabajadores judiciales y el Gobierno de Santa Fe ha sacado a la luz un tema que promete polarizar la política provincial: la propuesta de ampliar la Corte Suprema de Justicia. Esta reforma, promovida por el Ejecutivo y respaldada por la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe, busca incrementar el número de jueces en el máximo tribunal de la provincia. Sin embargo, la idea ha generado una fuerte reacción en el ámbito judicial y sindical, despertando temores sobre la independencia de la justicia y el posible alineamiento del Poder Judicial con el Ejecutivo provincial.
La Reforma en el Contexto Actual
El conflicto entre los trabajadores judiciales y el gobierno de Maximiliano Pullaro tiene sus raíces en la demora de 562 nombramientos y en el rechazo sindical a la Ley de Reforma Previsional. Estas tensiones, ya de por sí preocupantes, escalaron con el anuncio de la posible expansión de la Corte Suprema. Juan Pablo Langella, secretario general de los trabajadores judiciales, criticó duramente la propuesta, calificándola de una “repartición de sillas” que pone en juego la independencia del Poder Judicial. A su vez, la medida es vista como una reminiscencia de la ampliación de la Corte nacional durante la presidencia de Carlos Menem, cuando el tribunal se amplió a nueve jueces, consolidando el control de la administración sobre decisiones judiciales clave.
Independencia Judicial y Equilibrio de Poderes: Un Dilema en Juego
Ampliar una corte superior no es un acto meramente administrativo; puede redefinir el equilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Judicial. En una democracia funcional, la independencia judicial es fundamental para garantizar que las decisiones del Poder Ejecutivo sean supervisadas sin interferencias, actuando como un contrapeso en situaciones de abuso o de arbitrariedad. Sin embargo, cuando la propuesta de reforma es impulsada por el propio poder político, existe un riesgo latente de que la reforma no se haga por mejorar la capacidad de respuesta del tribunal, sino para alinear sus decisiones con los intereses de la administración de turno.
La referencia al caso menemista no es casual. La experiencia argentina muestra que las ampliaciones de cortes pueden ser utilizadas para someter el Poder Judicial a intereses partidarios. En Santa Fe, donde la inseguridad y otros desafíos demandan un sistema judicial fuerte e independiente, la posibilidad de que la Corte Suprema responda a intereses políticos podría dañar gravemente la confianza ciudadana en la justicia.
¿Es Necesaria una Reforma de la Corte Suprema en Santa Fe?
Si bien el argumento de que un tribunal con más integrantes podría mejorar la eficiencia judicial tiene cierta lógica, es esencial que esta necesidad sea evaluada de manera objetiva. En lugar de una reforma impulsada desde el Ejecutivo, una revisión de la estructura de la Corte Suprema debería ser el resultado de un proceso de consenso, involucrando a los tres poderes del Estado, además de la sociedad civil y expertos jurídicos. De esta manera, cualquier reforma estructural podría responder a necesidades reales y no a intereses coyunturales.
Además, si se determina que la ampliación es necesaria, el proceso de nombramiento de nuevos jueces debe ser transparente, con criterios de mérito, pluralidad y un riguroso examen de idoneidad. Es imperativo que los nuevos jueces no solo sean competentes, sino también imparciales y desvinculados de influencias políticas, para evitar que la reforma termine por socavar la independencia del tribunal.
Conclusión: Cautela y Consenso para una Reforma Legítima
La ampliación de la Corte Suprema de Santa Fe tiene el potencial de ser una herramienta para mejorar la eficiencia del sistema judicial o, por el contrario, un mecanismo de control político que mine su independencia. Si bien una estructura más amplia podría ser beneficiosa, solo una reforma acordada y transparente, que incluya a todos los actores institucionales y sociales, podría garantizar que el cambio en la Corte responda a una verdadera necesidad de justicia y no a intereses de poder.
Para que esta reforma sea percibida como legítima y no como un intento de cooptación, el Ejecutivo debe tomar el camino del diálogo y la transparencia. La independencia judicial, en tiempos de alta desconfianza institucional, es un valor demasiado importante como para comprometerlo en función de intereses partidarios.
