El pedido de aumento del 25% en la tarifa del taxi, presentado esta semana en el Concejo Municipal, volvió a poner sobre la mesa una discusión conocida y todavía inconclusa: cuánto vale sostener el servicio y quién absorbe el desfasaje cuando los costos suben más rápido que las decisiones políticas. El planteo, impulsado por la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (CATILTAR), quedó en análisis en la comisión de Servicios Públicos, a días de que termine el año y con enero como horizonte inmediato.
El argumento del sector es directo. El GNC —principal insumo del taxi— pasará de 730 a 850 pesos el metro cúbico; los seguros registraron subas de hasta el 40% tras la ampliación de la responsabilidad civil a 460 millones de pesos; y los vehículos cero kilómetro escalaron, en promedio, de 27 a 35 millones de pesos. Para los titulares de licencias, el resultado es inequívoco: la tarifa quedó desfasada y el servicio se presta “muy por debajo de los costos”.
El debate, sin embargo, no se agota en la planilla. En el Concejo, las reacciones dejaron ver una preocupación transversal: el taxi pierde pasajeros. La presidenta de la comisión, Anahí Schibelben, puso el foco en esa caída de la demanda, mientras que otros ediles propusieron alternativas graduales, como ajustes parciales atados a la inflación. Mariano Romero fue más directo y reclamó una actualización inmediata, recordando que el último estudio de costos data de marzo de 2025.
Ahí aparece la tensión central. Cada aumento tarifario busca recomponer la ecuación económica del sector, pero llega en un contexto donde el usuario compara, duda o directamente se baja. El taxi no compite en un vacío: enfrenta aplicaciones, transporte público y un consumo más cauteloso. Un incremento del 25% puede ser necesario para sostener la actividad, pero también puede acelerar una dinámica que ya preocupa al propio Concejo: menos viajes, menos pasajeros, menos volumen.
El retraso en los estudios de costos es parte del problema. Cuando las actualizaciones se discuten con meses de atraso, el ajuste termina siendo más brusco y políticamente más difícil de explicar. El resultado es un péndulo conocido: tarifas congeladas durante un tiempo y subas concentradas después, que golpean de lleno al usuario y no siempre resuelven la sustentabilidad del servicio.
La discusión que se abre no es solo tarifaria, sino estratégica. Si el taxi necesita aumentos cada vez mayores para sobrevivir, la pregunta es qué modelo de servicio está defendiendo la ciudad y con qué herramientas. Sin una política más dinámica —que combine revisión periódica de costos, reglas previsibles y una mirada sobre la demanda—, el debate seguirá repitiéndose en el Concejo, con números cada vez más altos y con un dato constante de fondo: un sistema que corre detrás de la realidad.
El cuarto intermedio hasta la sesión del 18 de diciembre no es solo una pausa técnica. Es el tiempo que tiene la política para decidir si vuelve a administrar la urgencia o si empieza a ordenar una discusión que, año tras año, llega tarde y deja a todos insatisfechos: taxistas, usuarios y, finalmente, la ciudad.
