En un acto realizado este miércoles en la ciudad de Santa Fe, el Gobierno provincial firmó convenios con 21 municipios y comunas del centro norte santafesino —entre ellas, San Jerónimo Norte y Esperanza— para ampliar y consolidar el funcionamiento de los Puntos Violetas en el territorio. La iniciativa forma parte del Programa Integral de Fortalecimiento de Puntos Violetas, una política pública que promueve el acompañamiento técnico, económico e institucional a estos espacios de atención y promoción de derechos ante situaciones de violencia por motivos de género.
Durante la jornada, que reunió a autoridades provinciales, intendentes, presidentes comunales y equipos locales, se reafirmó la necesidad de sostener y profundizar una red territorial que no solo brinde respuestas frente a la urgencia, sino que también contribuya a la prevención sostenida de las violencias.
Alicia Tate, secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, fue contundente: “Esto no es solo una política pública. Es una construcción colectiva. Es la presencia del Estado donde hace falta que esté: en cada barrio, en cada comunidad, generando espacios reales para proteger derechos y evitar que la violencia escale hasta lo irreversible”.
La firma de los convenios incluye a localidades clave del centro norte provincial, como El Trébol, Rafaela, Gálvez, Vera, San Javier, Tostado, Hersilia y Llambi Campbell, entre otras. San Jerónimo Norte y Esperanza integran este grupo como nodos fundamentales de una red que se proyecta hacia todo el territorio santafesino.
En paralelo, la provincia ya planificó una segunda jornada de rúbricas para el lunes 4 de agosto, esta vez con 16 gobiernos locales del centro sur, entre los que se destacan Villa Gobernador Gálvez, Cañada de Gómez, Villa Constitución, Casilda y Arroyo Seco. En total, serán 37 los municipios y comunas que asuman formalmente el compromiso de consolidar los Puntos Violetas como espacios de referencia, contención y respuesta.
Estos puntos funcionan como puertas de entrada al sistema provincial de protección integral contra las violencias por razones de género. Son también espacios de escucha, orientación, derivación institucional y construcción de redes comunitarias. Pero su potencia real —como señaló Tate— está en el trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado y las organizaciones territoriales.
En tiempos de crisis, donde las violencias se agravan en contextos de vulnerabilidad económica y social, el fortalecimiento de esta red adquiere un valor estratégico. No solo por la respuesta inmediata que puede ofrecer ante situaciones críticas, sino porque reafirma la presencia del Estado en su rol más vital: el de garantizar derechos, sostener la escucha y construir comunidad.
La experiencia de San Jerónimo Norte y Esperanza en este programa es significativa. Ambas localidades ya venían trabajando con equipos de promotoras territoriales y dispositivos de acompañamiento. Con la firma del nuevo convenio, contarán con más recursos, asistencia técnica y articulación directa con el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, lo que les permitirá escalar el alcance de su trabajo y sumar herramientas concretas para prevenir los femicidios y las múltiples formas de violencia que afectan a mujeres y diversidades.
Lo que se refuerza con este programa, en definitiva, es una idea simple pero poderosa: los derechos se garantizan con presencia, y la prevención se construye desde el territorio. Santa Fe apuesta a sostener esa presencia, no con discursos, sino con acuerdos, recursos y trabajo articulado.
