Santa Fe tiene una herramienta valiosa de transparencia activa: un apartado oficial que permite ver cómo se distribuye la inversión publicitaria del Estado provincial por año y por tipo de medio. El problema es el calendario. En este arranque de 2026, la publicación más reciente sigue siendo la de 2023. Lo que falta no es menor: sin los cierres de 2024 y 2025, el control ciudadano queda desplazado a destiempo, cuando la discusión política y presupuestaria ya pasó.
La pauta oficial no es un detalle técnico. Es plata pública aplicada a comunicación y, a la vez, un factor que puede inclinar el mapa de medios, sobre todo en el interior, donde radios, canales locales y portales viven con márgenes finos. Para la provincia, además, es el canal para campañas que impactan directo en la vida cotidiana: salud, prevención, servicios, emergencias. Cuando el circuito de información llega opaco o tarde, se agranda la desconfianza y se achica el margen de rendición de cuentas.
Los datos de 2023 dimensionan el tema. Según el “Informe de Gastos de Publicidad por Organismo” publicado por el propio gobierno, el total anual ejecutado en 2023 fue de $5.435.618.620,17, con picos mensuales marcados (agosto aparece como el mes de mayor erogación en el consolidado). La información está segmentada por formatos —radial, televisivo, gráfica, internet y vía pública— y acompaña un resumen por organismos del Estado provincial. Esa arquitectura, en sí misma, es un estándar alto en comparación con otras jurisdicciones. El punto ciego es la demora: el sistema ofrece foto, pero no ofrece actualidad.
El debate no empieza ni termina en Santa Fe. La Corte Suprema sostuvo, en fallos ya clásicos, que no existe un “derecho” de los medios a recibir publicidad oficial, pero que el Estado no puede repartirla con arbitrariedad ni con criterios que castiguen líneas editoriales. En paralelo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA advirtió que la asignación discriminatoria de publicidad oficial funciona como una restricción indirecta a la libertad de expresión. En la práctica, ese estándar se traduce en una exigencia simple: reglas claras, criterios verificables y control externo suficiente.
La discusión santafesina suele trabarse en una grieta conocida. De un lado, la necesidad real de comunicar políticas públicas. Del otro, la sospecha permanente de que la pauta premia o castiga. La transparencia tardía no resuelve esa tensión: la estira. Cuando los números llegan uno o dos años después, la pregunta ya no es solo “cuánto” sino “por qué no antes”. En un contexto donde el financiamiento de los medios se volvió más frágil y la política vive con lupa, esa demora cuesta credibilidad.
El desafío para 2026 es menos grandilocuente de lo que parece: publicar a tiempo y sumar criterio. Un esquema robusto no se agota en planillas anuales; incluye actualización periódica, metodología de asignación (alcance, segmentación, objetivos de campaña), y una trazabilidad que permita auditar sin ruido. Santa Fe ya tiene una base. Si decide acelerar la actualización y explicitar reglas, gana el Estado —por legitimidad— y ganan los vecinos —por información más confiable—. Si no, la pauta seguirá siendo un gasto que se discute tarde, cuando el efecto ya ocurrió.
