La ciudad de Santa Fe amaneció este viernes con una escena de extrema violencia en el barrio Nueva Esperanza. César Muga, un agente de la policía provincial reincorporado hace un año tras más de una década en disponibilidad, hirió gravemente a su pareja con cuatro disparos y se atrincheró en su vivienda por más de dos horas. La mujer, de 54 años, permanece internada en estado crítico en el Hospital Iturraspe. El agresor fue reducido sin resistencia y trasladado al Hospital Cullen con una fractura en la pierna derecha.
El caso genera conmoción por su brutalidad, pero también porque vuelve a exponer fallas estructurales en los mecanismos de control y prevención dentro de la fuerza. Muga no tenía antecedentes por violencia familiar registrados en su legajo, aunque —según confirmó la jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero— estuvo en disponibilidad durante 10 años y 6 meses por causas vinculadas a cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Tras la resolución judicial de aquella causa, Muga fue evaluado por una junta médica que autorizó su regreso al servicio activo, incluyendo el uso de arma reglamentaria. Desde julio de 2023 prestaba funciones en la comisaría 16ª de Recreo. “Tenía buen desempeño, no faltaba, era considerado un excelente empleado”, aseguró Romero en conferencia de prensa.
El episodio del viernes, sin embargo, desmiente toda noción de equilibrio. Muga disparó cuatro veces contra su pareja, en presencia de sus hijas de 16 y 3 años. La mayor fue atendida por un cuadro de shock emocional; la menor no presentó lesiones físicas. Fue un vecino quien logró sacar a la víctima de la vivienda antes de la llegada del operativo policial.
Durante el operativo de contención, Muga no efectuó disparos y se entregó sin resistencia. Según informó la comisaria Romero, no se actuó por la fuerza porque no existía una situación de riesgo inminente en ese momento. Aun así, el hecho pone en discusión si la evaluación previa a su reincorporación fue realmente exhaustiva, y si el sistema de alertas internas dentro de la fuerza funciona como debería.
Vecinos relataron comportamientos conflictivos y episodios de consumo de alcohol por parte del agente. Si bien esas versiones aún no fueron corroboradas, abren la puerta a una discusión más amplia sobre el acceso, la portación y la fiscalización del uso de armas por parte de personal policial con antecedentes o cuadros psicológicos complejos.
Mientras la víctima lucha por su vida, la investigación sigue su curso. La causa está a cargo del Ministerio Público de la Acusación y la Policía de Investigaciones, que deberán determinar si existieron señales previas omitidas por la estructura policial o por el entorno cercano.
Lo ocurrido en barrio Nueva Esperanza no es un caso aislado. Es un espejo de múltiples fallas: en la prevención, en la evaluación de aptitudes, en el seguimiento psicológico. La violencia con uniforme no puede sorprender: debe alertar y obligar a revisar todo el sistema.
