El aumento sostenido de la morosidad en créditos personales dejó de ser un síntoma aislado y se convirtió en un indicador estructural de la fragilidad financiera de los hogares. El economista Christian Buteler describió el momento como “el más alto en los últimos 15 años”, una definición que sintetiza la distancia entre el costo del financiamiento y la capacidad real de pago de las familias en un año signado por la caída del consumo y la presión de las deudas de corto plazo.
Los datos permiten dimensionar un problema que afecta de manera directa a trabajadores formales, empleados del sector público, cuentapropistas y jubilados. La combinación de salarios que se ajustan por debajo de la inflación, junto con tasas de interés que no acompañaron la desaceleración del índice de precios, dejó a una parte creciente de la población con cuotas impagables. Ese desbalance se tradujo en once subas consecutivas del ratio de irregularidad, según los registros más recientes del Banco Central.
El punto central del análisis de Buteler es que el endeudamiento no es problemático en sí mismo: en economías estables suele financiar la compra de bienes durables o mejoras del hogar. Lo preocupante aparece cuando la deuda se utiliza para gastos corrientes, forzada por la pérdida de poder adquisitivo y por tasas que se mantuvieron entre 140% y 150% de costo financiero total incluso cuando la inflación comenzaba a moderarse. Con aumentos salariales del 20% o 25%, el desfasaje quedó sellado desde el inicio del año.
El escenario tiene otro componente: la decisión del Gobierno de liberar las tasas permitió que bancos y entidades financieras mantuvieran sus costos sin cambios, aun en un contexto de menor inflación mensual. Según el economista, la demanda de financiamiento por parte del sector público desalienta cualquier baja, ya que las entidades encuentran en el Estado un demandante estable, sin necesidad de competir por clientes que enfrentan dificultades para sostener sus pagos.
La morosidad en créditos personales supera hoy el 9%, y ese segmento concentra buena parte de la tensión. Los bancos de mayor peso, lejos de corregir la tendencia, replicaron tasas elevadas incluso para clientes con historial sólido. La proliferación de fintechs y nuevas plataformas de crédito tampoco logró modificar el cuadro: la competencia existe, pero no alcanza para empujar una baja efectiva del costo financiero cuando la referencia del mercado sigue anclada en niveles altos.
Como alternativa, Buteler propone una vía indirecta: que el Estado reduzca la toma de deuda en pesos. Ese movimiento dejaría más fondos disponibles en el sistema financiero, obligaría a las entidades a buscar colocación y podría derivar en una baja gradual de tasas para el público. No se trata de una solución inmediata, pero marcaría un cambio relevante en la relación entre actividad económica, crédito y endeudamiento familiar.
La foto de septiembre —mes que marcó un nuevo récord en el indicador de irregularidad— refuerza que la morosidad ya no es un fenómeno coyuntural. Si no se alinean tasas, ingresos y reglas claras para el sistema crediticio, el endeudamiento seguirá funcionando como un mecanismo de supervivencia más que como un instrumento para mejorar la calidad de vida.
