La detención de un hombre de 47 años en barrio Las Flores reabrió una pregunta que la Justicia santafesina enfrenta de manera recurrente: qué pasa cuando la violencia se instala en el interior de una vivienda y solo se vuelve visible cuando un vecino escucha el pedido de ayuda. La imputación formal por privación ilegítima de la libertad y amenazas agrava ese interrogante.
El hecho involucra a una mujer de 83 años y a su hijo, quienes viven en una zona donde los llamados al 911 suelen marcar el límite entre lo que ocurre puertas adentro y la intervención policial. El caso afecta directamente a adultos mayores que dependen del entorno inmediato para pedir auxilio y pone en evidencia la fragilidad de los circuitos de protección cuando la agresión proviene de un familiar conviviente.
Según detalló el fiscal Ignacio Lascurain durante la audiencia imputativa, el episodio se desencadenó el 23 de noviembre, cerca de las 14.45, cuando una vecina advirtió gritos y alertó a la Central de Emergencias. Al llegar, los policías encontraron al hombre dando respuestas evasivas y luego ingresando nuevamente al domicilio. Desde una vivienda lindante, los agentes escucharon llantos, pedidos de ayuda y exigencias del agresor para que la mujer guardara silencio.
La intervención policial permitió constatar que la mujer llevaba una semana encerrada. También relató que, antes del operativo, su hijo la había insultado, golpeado con los puños y con el andador que utiliza para movilizarse, además de intentar asfixiarla en varias oportunidades. Las lesiones —contusiones en la cabeza, rodillas, pierna izquierda y una escoriación en la mano— fueron certificadas por la médica policial.
La imputación quedó en manos del juez Sergio Carraro, quien deberá resolver en una próxima audiencia si el acusado permanece detenido. El avance del caso vuelve a mostrar que, en barrios donde las emergencias conviven con rutinas tensas, la denuncia suele surgir del único recurso posible: escuchar al vecino y actuar rápido.
