En 10 segundos:
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Qué pasó: la población en situación de calle aumentó de manera sostenida en Santa Fe y Rosario entre 2023 y 2025.
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Qué cambia desde hoy: se consolida una brecha estructural entre los datos oficiales y los relevamientos territoriales.
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A quién le pega: a jóvenes, mujeres y familias recientemente expulsadas del mercado laboral y del sistema habitacional.
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Qué mirar ahora: si el Estado reconoce la magnitud real del problema o continúa administrando su visibilidad.
Santa Fe, 7 de febrero de 2026.
La escena se volvió cotidiana y, por eso mismo, peligrosa. Personas durmiendo en cajeros automáticos, colchones improvisados bajo galerías comerciales, jóvenes que arrastran sus pertenencias durante la noche buscando un lugar donde no ser expulsados. En Santa Fe y Rosario, la situación de calle dejó de ser un fenómeno marginal para transformarse en un indicador social en sí mismo. No por su impacto visual, sino por lo que revela sobre el funcionamiento —y los límites— del sistema de protección estatal.
Entre 2023 y 2025, los relevamientos territoriales realizados por organizaciones sociales y ámbitos académicos marcaron un crecimiento sostenido de la indigencia extrema. En la ciudad de Santa Fe, mientras el registro municipal estimaba a comienzos de 2025 apenas 114 personas en situación de calle, el tercer Registro Nacional de Personas en Situación de Calle, impulsado por la Red Puentes junto a la Universidad Tecnológica Nacional, contabilizó 730. La diferencia no es estadística. Es política. Define qué se ve, qué se asiste y qué se posterga.
El conflicto no es solo de cifras, sino de metodología. El Estado tiende a contar a quienes demandan refugio o permanecen en zonas céntricas. Las organizaciones recorren barrios, corredores periféricos y áreas donde la presencia estatal es intermitente o inexistente. El resultado es una brecha de invisibilización que vuelve insuficiente cualquier política diseñada sobre registros parciales. En la capital provincial, los refugios municipales no superan las 70 plazas. La demanda real multiplica ese número.
En Rosario, el patrón se repite, aunque con mayor reconocimiento oficial del desborde. Entre enero y agosto de 2024, el municipio admitió un incremento del 60% en la cantidad de personas en situación de calle. Las intervenciones del sistema de atención pasaron de unas 5.000 en 2023 a más de 9.600 en el primer semestre de 2024. La asistencia creció, pero siempre detrás de la emergencia. Los refugios se completaron incluso en verano y la apertura de nuevas plazas se agotó en menos de un día.
Detrás de esa expansión hay un factor decisivo: la expulsión económica. Entre noviembre de 2023 y fines de 2024, Santa Fe perdió más de 2.200 empresas y más de 15.000 puestos de trabajo registrados. La caída del empleo formal arrastró al informal. En los barrios, la changa desapareció al ritmo de la retracción del consumo. Personas que hasta hace poco alquilaban una pieza o una pensión quedaron fuera del mercado habitacional sin red de contención.
Los datos del Renacalle muestran un cambio profundo en el perfil. El 52,9% de quienes viven en la calle en la capital provincial tiene entre 19 y 35 años. No se trata de trayectorias de exclusión histórica, sino de rupturas recientes. Cuatro de cada diez personas llevan menos de un año en esa situación. La calle aparece como el último eslabón de una cadena que comienza con la pérdida de ingresos y continúa con la imposibilidad de sostener un alquiler.
También crece la feminización de la indigencia. En Santa Fe se relevaron 86 mujeres viviendo en la vía pública en 2025, cinco de ellas embarazadas. Más del 60% declaró haber sufrido violencia de género y dos tercios nunca accedieron a refugios especializados. La presencia de al menos 40 menores en situación de calle contradice el discurso oficial que asegura cobertura integral desde las áreas de niñez. Las intervenciones existen, pero son fragmentadas, reactivas y sin resolución habitacional de fondo.
La salud es otro punto crítico. Casi dos tercios de las personas en calle no tuvo controles médicos en más de un año. El subregistro de discapacidad impide acceder a beneficios básicos. En consumos problemáticos, la asistencia estatal llega tarde o directamente no llega. Ocho de cada diez ayudas provienen de organizaciones sociales y no del sistema público de salud.
En este escenario, la violencia institucional agrava el cuadro. Más del 60% de las personas relevadas en Santa Fe declaró haber sufrido agresiones. La mayoría señaló a la policía provincial como principal responsable. Los operativos de despeje del espacio público expulsan a los más vulnerables hacia zonas más peligrosas, reforzando el aislamiento y la exposición al riesgo.
Mientras tanto, el sostén cotidiano recae en iglesias y organizaciones sociales. Cáritas triplicó la demanda alimentaria durante 2024 en la ciudad de Santa Fe. En Rosario, el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas distribuyó más de 33.000 raciones durante el Operativo Invierno. Sin ese entramado, el hambre sería aún más visible.
La paradoja aparece al observar los datos oficiales. Según el INDEC, la pobreza y la indigencia descendieron en el primer semestre de 2025. Sin embargo, la calle se llena. La estadística mejora, la realidad se endurece. La explicación no está en un error técnico, sino en lo que queda fuera de la medición: la vivienda, la salud, la ruptura social.
La situación de calle expone un núcleo duro de exclusión que no responde a la desaceleración inflacionaria ni a los indicadores macroeconómicos. Sin un diagnóstico honesto y políticas integrales, el Estado seguirá administrando la emergencia y discutiendo percepciones. La calle, mientras tanto, continúa funcionando como el termómetro más crudo de una provincia que ya no puede ignorar a quienes quedaron definitivamente afuera del sistema.
