La lista incluía desde campos hasta edificaciones en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Salta y Mendoza, y algunas propiedades en el exterior. Esta decisión fue pública. Menos conocida fue la idea de enviar todos los fondos a un fideicomiso.

Fideicomiso misterioso
El rastro de esa decisión quedó en el balance de diciembre de 2016 que presentó Nación Fideicomisos ante la Comisión Nacional de Valores. Allí informó de la existencia de un fideicomiso de administración llamado “Pobreza Cero I”, que se encontraba “en proceso de estructuración”. En el balance, indicaba que se trabajó con la AABE durante todo el 2016 “a fin de poder generar una herramienta que posibilite contribuir a las políticas públicas que impulsa el gobierno nacional en materia de administración de bienes del Estado”. El documento dice que lo que surja de la venta de los inmuebles será destinado a “Proyectos de Pobreza Cero”. El documento incluso detalla cuales serán esos proyectos: “Emprendimientos destinados a la urbanización, construcción de viviendas, provisión de servicios básicos, mejoramiento de escuelas y/o hospitales públicos, obras viales y otros proyectos que implique un desarrollo socioambiental y que importen una fuente de creación de empleo y activación económica”.

Todas buenas intenciones. El único problema: el fideicomiso desapareció de los balances de Nación Fideicomisos a partir del año siguiente. ¿Qué ocurrió? Este diario consultó tanto al Banco Nación como al Banco de Inversiones (BICE), del que pasó a depender Nación Fideicomisos. En los dos casos contestaron que el fideicomiso no se llegó a concretar. ¿Por qué? Nadie supo contestar esa pregunta.

En el AABE, en tanto, sostuvieron que el fideicomiso existe (aunque ambos bancos lo niegan) y que nunca se utilizó, hasta ahora. “Si en diciembre de 2016 se informa a la Comisión Nacional de Valores que se está estructurando el fideicomiso, eso ya implica la existencia de un contrato. Había una intención en los papeles de que opere el fideicomiso que en 2017 quedó sin efecto. Y es en 2017 que empieza esta trama de negocios con amigos del presidente”, sostuvo el diputado Tailhade. En tanto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, indicó a PáginaI12 que “lo que se hizo fue incorporar el dinero en la Ley de Presupuesto. Y se usó el criterio de usar la venta de terrenos para financiar las obras específicas de la zona, por ejemplo, el Paseo del Bajo”. No obstante, salvo en ese caso, no existe un detalle del destino de cada uno de los fondos.

Gran barata
¿A dónde fue el dinero de las ventas de terrenos, entonces? Se trata de 25 ventas por un total de 438.958.460 dólares, según la última cifra a la que pudo acceder este diario. Según detallaron fuentes oficiales, el dinero de las ventas se destina en un 70 por ciento a la jurisdicción a la que pertenece el edificio (por ejemplo, si era de la AFI, el dinero va a los espías) y otro 30 por ciento va al Tesoro nacional, sin una asignación específica como la que planteaba el fideicomiso. Para esto, señalaron desde la gestión PRO, se basan en un decreto de 2012 que plantea esa forma de repartir los fondos y también indica que no pueden ser utilizados para gasto corriente, sino solo para gasto de capital.

Sobre qué hizo cada área con el dinero recibido, no hay información.

“Estoy preparando una serie de pedidos de informes para conocer el destino de los 438 millones de dólares que se recaudaron con la venta de inmuebles, para ver si se cumplió con la normativa o si además de todas las irregularidades se le agrega que están financiando con la venta de los inmuebles otro tipo de cosas”, remarcó Tailhade.

En el AABE, destacaron que el mismo decreto de 2012 los faculta para hacer convenios urbanísticos con distintas jurisdicciones (ya tienen uno para urbanizar terrenos ferroviarios en Mendoza, y otros en Campana y la Ciudad de Buenos Aires) y también fideicomisos como el que no utilizaron. Ninguno de los convenios que firmaron se ejecutó hasta ahora. También señalaron que en 2015 solo había registradas 19.600 propiedades y en dos años ese número ya aumentó a 70 mil inmuebles.

Además de los terrenos vendidos a empresarios con diversos grados de cercanía con el oficialismo (ver aparte), el AABE subastó cuatro parcelas terrenos de Catalinas Norte –quedan otras tres por vender– para financiar el Paseo del Bajo, una de las megaobras proyectadas por la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta. Por la venta de esos terrenos a empresas de Eduardo Costantini y a TGLT, del Grupo Point State, comprador de la constructora de Caputo, el Gobierno obtuvo 80 millones de dólares que serán reinvertidos en la misma zona. Para el macrismo, se trata de una buena noticia dado que generará trabajo en el sector de la construcción.

No obstante, el diputado Tailhade advirtió que el dinero que pagan los empresarios es usado para aumentarles la inversión. “Con el Paseo del Bajo están haciendo lo mismo que con otras políticas: les sacan a los trabajadores para darles a los ricos. Venden inmuebles del Estado nacional para hacer una obra que va a revalorizar esos terrenos que compraron los amigos del Presidente –consideró el legislador kirchnerista–. En definitiva, solo retroalimenta los negocios de sus amigos con la venta de inmuebles”.