En 10 segundos:
Qué pasó: surgieron nuevas denuncias sobre maltratos, restricciones a las visitas y deficiencias en la atención de adultos mayores
Qué cambia desde hoy: los testimonios amplían la investigación sobre una red de residencias vinculadas con la misma administradora
A quién le pega: a los residentes y sus familias, especialmente a quienes dependían del hogar para recibir cuidados y administrar sus ingresos
Qué mirar ahora: la incorporación de pruebas, el destino del dinero denunciado y la búsqueda de la responsable
Santa Fe, 3 de agosto de 2026. La investigación iniciada tras el incendio de una residencia geriátrica de José Gollán al 10.100 comenzó a revelar un entramado mayor. Familiares de residentes y antiguos empleados denunciaron presuntos maltratos, aislamiento, fallas en la atención y maniobras con el dinero de adultos mayores alojados en otros dos hogares de la ciudad.
Los establecimientos están ubicados en Diez de Andino al 5800 y Salvador del Carril al 2000. Según los testimonios, ambos eran administrados por la misma persona investigada por el funcionamiento del hogar de barrio Nuevo Horizonte, sobre quien pesa un pedido de captura.
Las declaraciones fueron realizadas bajo reserva de identidad por una familiar y dos ex trabajadores. Sus relatos deberán ser corroborados por la Justicia, que procura determinar las condiciones de funcionamiento de las residencias y las responsabilidades de quienes estaban a cargo.
Golpes, aislamiento y visitas prohibidas
Una mujer contó que encontró a su prima incomunicada, semidesnuda, golpeada y sin la ropa, el calzado ni el teléfono que la familia le había entregado. La residente había llegado al geriátrico después de permanecer internada en los hospitales Iturraspe y Vera Candioti.
Cuando reclamó explicaciones, aseguró haber recibido una llamada de la administradora en términos que interpretó como intimidatorios. Días después, el personal le habría comunicado que tenía prohibido volver a ingresar por orden de la responsable del establecimiento.
Una exempleada sostuvo que ese mecanismo se repetía cuando los familiares cuestionaban la atención o reclamaban por las pertenencias de los residentes. Según su declaración, la respuesta habitual consistía en restringirles el acceso.
Atención deficiente y guardias extremas
Los ex trabajadores coincidieron en señalar una alimentación basada principalmente en polenta y fideos, controles médicos ocasionales y deficiencias en la administración de medicamentos.
Uno de ellos afirmó que llegó a cumplir guardias de hasta 48 horas consecutivas y que, ante la falta de compañeros, permanecía solo a cargo de entre 17 y 18 adultos mayores. También aseguró que intentó denunciar la situación en la Comisaría 5ª, donde su presentación habría sido rechazada.
Los testimonios mencionan que parte de los pañales era provista por PAMI y que Cáritas entregaba ropa. Las familias aportaban prendas y elementos personales que, según las denuncias, luego resultaban difíciles de localizar.
Jubilaciones y préstamos bajo investigación
El punto más delicado de las declaraciones involucra el manejo de documentos, tarjetas bancarias y jubilaciones. Los dos exempleados afirmaron que la administradora retenía los DNI y las tarjetas de débito de algunos residentes para cobrar sus haberes.
Uno de ellos agregó que presenció el traslado de adultos mayores para firmar préstamos en dos oportunidades. La investigación deberá establecer si esas operaciones contaron con consentimiento válido, quién recibió el dinero y si existieron maniobras fraudulentas.
El incendio de barrio Nuevo Horizonte abrió una pesquisa sobre otros establecimientos vinculados con la misma responsable. Los nuevos testimonios amplían la dimensión del caso y colocan bajo análisis los controles estatales sobre residencias que alojan a una población especialmente vulnerable.
La Justicia deberá corroborar cada denuncia, reunir documentación bancaria y sanitaria, identificar a todos los responsables y determinar si se cometieron delitos contra los adultos mayores.
