En Santa Fe, el precio del colectivo dejó de ser un dato de planilla y pasó a ser una discusión de gobernabilidad. El municipio reconoce que analiza una actualización con las empresas. Las empresas aseguran que el sistema quedó desfasado. Los usuarios, mientras tanto, evalúan el servicio con una vara más directa que cualquier “tarifa técnica”: si llega a tiempo, si entra, si vuelve, si se sostiene.
El número vigente ya pesa. La tarifa plana está en $1.580, con un esquema de valores diferenciados que incluye Tarifa Centro, estudiantil, jubilados, escolar y un “seguro” de menor monto. Además, el propio municipio admite que la tarifa plana la paga apenas una parte del sistema: alrededor del 21% de los viajes. Esa estadística cambia el sentido de la discusión, porque el aumento no se reparte de manera uniforme: se concentra en quienes pagan el precio completo, y a la vez arrastra al resto por el mismo clima de “todo sube”.
El Ejecutivo local insiste en dos ideas: auditoría y mejora del servicio. El intendente Juan Pablo Poletti remarca recambio de unidades, kilómetros recorridos, nuevas líneas y desvíos. En paralelo, el mismo diagnóstico que empuja la conversación aparece una y otra vez: los subsidios nacionales al interior no volvieron, y el esquema se sostiene con aportes locales y provinciales puntuales.
La cuenta del sistema, sin maquillaje
Las empresas plantean un concepto que suena neutro y es explosivo: “tarifa de equilibrio”. En una nota formal, una de las firmas del sistema ubicó esa tarifa en $2.103,64. El número no se ofrece como deseo; se presenta como una cuenta de costos para que el servicio cierre. Dicho de otro modo: la discusión se vuelve una pelea por quién absorbe la diferencia entre lo que cuesta y lo que se cobra.
La composición de esa cuenta explica por qué el tema se recalienta en enero. Según empresarios del sector, el costo se reparte principalmente en salarios (la mitad del total), combustible y mantenimiento/amortización. Cuando esas tres variables corren por carriles distintos, el sistema queda expuesto a un desfasaje permanente. Con un dato adicional que agrega presión: los kilómetros recorridos crecieron en el último año, pero la cantidad de pasajeros cayó. Más servicio con menos pasajeros empuja el costo unitario hacia arriba.
Hay otra pieza del rompecabezas que el debate público suele tratar como detalle y en realidad define el resultado: las gratuidades. El sector empresarial afirma que cerca de 1 de cada 5 viajes se realiza sin pago, cuando históricamente ese universo era mucho menor. Si ese costo no se compensa con fondos específicos, termina cargado sobre el usuario que sí paga. Esa transferencia silenciosa es la que vuelve “política” una cifra: convierte una tarifa en una discusión distributiva.
Cuando sube, ¿qué se compra con esa suba?
El conflicto ya no gira solo en torno a cuánto. Gira en torno a qué se garantiza. Un aumento que no viene atado a mejoras visibles genera una reacción predecible: enojo, caída de uso, motorización individual, más motos, más autos, más congestión, más riesgo vial. Un aumento atado a un salto tangible —frecuencias, regularidad, unidades que no se rompen— abre un margen de tolerancia.
Esa es la tensión real en Santa Fe: el boleto actúa como un “precio-puente” entre dos mundos. Del lado del municipio, la sustentabilidad del sistema y el riesgo de que el servicio se deteriore. Del lado del usuario, el límite concreto del bolsillo y la paciencia cotidiana. Cada vez que esa distancia se amplía, el transporte pierde algo más que pasajeros: pierde legitimidad.
Lo que sigue es un problema de gestión, no de discurso. La ciudad necesita un esquema estable para discutir tarifa con reglas claras: auditorías que se entiendan, datos públicos sobre kilómetros reales, cumplimiento de recorridos y sanciones efectivas cuando las empresas fallan. También necesita una conversación adulta sobre gratuidades: quién decide esos beneficios, quién los financia y cómo se controla su uso para evitar que el costo recaiga sobre los mismos de siempre.
Santa Fe entra así en una escena conocida para las ciudades argentinas: el colectivo como servicio esencial y, al mismo tiempo, como caja frágil. La discusión de las próximas semanas no va a definir solo un precio. Va a definir algo más delicado: si la ciudad puede sostener un transporte público confiable en un contexto donde cada suba se siente como un examen de autoridad.
