La discusión por el cobro de derechos musicales en fiestas de egresados sumó un giro decisivo en Santa Fe. Un juez ordenó a SADAIC y AADI CAPIF abstenerse de cualquier reclamo, intimación o fiscalización dirigido a familias y salones que organizan recepciones escolares, un punto que en las últimas semanas había generado incertidumbre y costos inesperados para los padres.
La medida beneficia a quienes integran las promociones del Dante Alighieri, Nuestra Señora del Calvario, La Salle Jobson, San José Adoratrices y Sagrada Familia. El planteo señalaba un problema concreto: aunque rige un decreto nacional que exime a los eventos privados del pago de aranceles, algunos salones de la ciudad aplicaban criterios contradictorios y trasladaban a los grupos organizadores la amenaza de futuras penalidades.
El fallo tomó ese escenario como un riesgo real. Destacó que, ante la posibilidad de reclamos posteriores, los locales podían exigir pagos “para cubrirse”, lo que colocaba a las familias en una posición de debilidad frente a decisiones heterogéneas y difíciles de prever. La cautelar dispuso, por eso, un límite claro: ninguna de las entidades podrá avanzar con intimaciones o verificaciones en el marco de estas celebraciones.
La resolución también impone las costas del proceso a las entidades demandadas, en línea con el criterio de vencimiento objetivo. Con esto, la Justicia buscó evitar que la disputa económica —que se trasladaba de manera desigual según el salón elegido— termine condicionando o encareciendo la organización de un evento que forma parte del cierre del ciclo escolar.
El criterio judicial, aunque limitado al caso presentado, deja un mensaje para el resto de las instituciones y locales: mientras el decreto nacional siga vigente, los aranceles por derechos musicales no deberían integrar el cálculo de costos para recepciones privadas. Resta saber si el fallo impulsará una aplicación más homogénea en toda la ciudad o si derivará en nuevas presentaciones para ampliar su alcance.
