Un femicidio cada 28 horas. Esa es la estadística que sacude a la Argentina en lo que va de 2025. Detrás de cada número hay una mujer asesinada, una familia destrozada, una comunidad marcada por la impunidad. Y detrás de cada caso, un Estado que achica su presencia justo donde más se la necesita.
Mientras los discursos oficiales repiten palabras vacías sobre “libertad” y “orden”, las políticas públicas concretas que deberían proteger a las mujeres están siendo desmanteladas. Desde que asumió Javier Milei a nivel nacional y Maximiliano Pullaro en Santa Fe, la motosierra también pasó por los programas de prevención y asistencia a víctimas de violencia de género.
En Nación, se eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y luego también la subsecretaría que había absorbido sus funciones. El programa Acompañar, una de las pocas herramientas de asistencia directa, fue recortado a la mitad y ahora exige una denuncia judicial para acceder, dejando fuera a quienes más lo necesitan: las que no pueden hablar por miedo.
En Santa Fe, la gestión Pullaro avanzó con despidos masivos en la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad. Un tercio de su personal fue desplazado. En paralelo, se promocionan nuevos programas, pero su alcance real es mínimo. No hay estructura, no hay equipos, no hay presencia territorial.
El mensaje es claro: la violencia de género no está en la agenda. En el país de los recortes, proteger a las mujeres se volvió un gasto prescindible. Lo urgente se volvió invisible.
Y mientras tanto, las cifras siguen creciendo. Cada 28 horas, una mujer es asesinada. No por accidente, sino por ser mujer. En un contexto de ajuste brutal, las víctimas quedan cada vez más solas. La ausencia del Estado no es neutra: también mata.
No se trata de ideologías. Se trata de vidas. Y de un Estado que, en lugar de responder con más políticas, eligió el silencio y el recorte. La violencia no se combate con discursos. Se combate con decisión política, con recursos, con presencia real. Hoy, todo eso está en retirada.
